En una maratónica sesión, este martes se discutirá también en la Cámara de Diputados, las reformas a las leyes fiscales “antifactureras” y hasta el cambio de nombre a las Islas Marías.
Redación MX Político.- Este martes en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, serán discutidos variados y numerosos asuntos de la vida pública nacional.
Destacan las reformas a los códigos Penal y Fiscal federales, que entrarían en vigor hasta enero de 2020, que sancionarían punitivamnete a quines incurran en las prácticas del “outsourcing” y de “facturación apócrifa”.
También será discutido y en su defecto aprobado, el cambio de nombre del ya existente SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), por el de Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (IPDPLR, por sus siglas).
Asímismo, en esta sesión que empezó en el transcurso de la mañana y que todo hace suponer que terminará muy entrada la noche de este martes, serán sometidas a discusión dos temas curiosos y menos apremiantes, quizá: el cambio de nombre oficial de esas porciones de tierra que forman parte del territorio nacional y que se han conocido de siempre como “Centro Penitenciario Colonia Federal Islas Marías” y cambiará ahora al de “Centro de Educación Cultural, Ambiental, Muros de Agua José Revueltas”; así como la fusión de las empresas desconcentradas “Lotería Nacional para la Asistencia Pública” y “Pronósticos Deportivos”.
Una fusión que responde al interés de reducir gastos de operación y establecer métodos más eficaces en la lucha por la corrupción al interior de esos órganos desconcentrados de la administración pública. Que ha sido largamente anunciada ddesde el anterior sexenio encabezado por Peña Nieto, por aquel año de 2017.
El presidente López Obrador anunció que de manera definitiva se iría poor la fusión legal de ambas entidades, en su conferencia mañanaera dl pasado 27 de junio y es ghasta este martes cuando se lleva a la discusión legislativa.
En aquella conferencia, AMLO aseguró que a presar de los problemas de tipo fiscal de la Lotería Nacional, que se estima en 1, 500 millones de pesos anuales, esta reforma legal no implica de momento cambios en el esquema fiscal para el organismo, de añeja tradición en la vida pública mexicana, ya que fue fundada en el año de 1770, en aquel lejano siglo 18.
El titular del Ejecutivo también señaló aquella vez que no descarta que se cancelen las concesiones de estas empresas públicas ligadas a exfuncionarios federales, en caso de que se detecten irregularidades.
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