Por Aurelio Contreras Moreno
En poco menos de diez meses, las expectativas que existían sobre la alternancia partidista y el cambio de régimen en Veracruz se vinieron abajo, derruidas por el sismo de la incompetencia y la continuidad de las peores prácticas políticas.
En entregas anteriores de la Rúbrica hemos descrito la manera como en el Congreso del Estado se repiten e incluso se ha ido más allá en la simulación de actos jurídicos para armar mayorías de papel e imponer la voluntad de un solo partido, Acción Nacional, aun cuando en las urnas el mandato popular fue el de la pluralidad de fuerzas, lo que tendría en consecuencia que generar diálogo y negociación.
Pero imbuidos por el personal estilo de hacer las cosas de su “jefe político”, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, los panistas se han empecinado en arrebatar, avasallar y “mayoritear” en el Congreso del Estado. Exactamente igual, y en algunos casos hasta peor, que como se los hacían a ellos mismos en las legislaturas que los antecedieron, controladas por diputados priistas. Y particularmente en las dos anteriores, las del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
La disputa por el control del Congreso del Estado está en un punto muerto. La bancada del PAN se apresta a quedarse no solamente con la Presidencia de la Junta de Coordinación Política –en una maniobra cuya ilegalidad fue explicada en la Rúbrica anterior-, sino también con las principales comisiones legislativas, entre éstas, la Instructora, la de Hacienda del Estado y la de Hacienda Municipal, en un acto de pandillerismo político perfectamente calculado, pero totalmente carente de la mínima ética.
De cumplir con su objetivo, el régimen yunista se abrirá paso para que le sea aprobado sin chistar el Presupuesto de Egresos de 2018, al tiempo de quitarse obstáculos para enderezar desafueros en contra de los ediles y representantes populares que le representen un estorbo a sus intereses, utilizando para ese fin, como ha sido desde el principio del bienio, a su brazo ejecutor, la “autónoma” Fiscalía General del Estado.
Como si experimentásemos un deja vu de terror, somos testigos de cómo la ley se tuerce y se aplica con raseros diferentes en el gobierno del “cambio”, exactamente igual que en el sexenio de Javier Duarte. Y dos casos recientes y esclarecedores de la anterior afirmación son los de la asociación “YUNETE” y la persecución a una funcionaria del Ayuntamiento de Veracruz.
Usando como ariete al periódico Notiver –así como Duarte utilizaba a Centinela-, el yunismo gobernante emprendió una cacería en contra de la directora de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori. Al periódico referido fueron filtradas fotografías en las que se apreciaba cómo se guardaban despensas en la cochera de su domicilio particular –ubicado en un fraccionamiento en el que no se permite a cualquiera el acceso-, y raudos y veloces, policías ministeriales se presentaron en el mismo para aprehender a su cónyuge, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, en el momento en el que subían en camionetas los paquetes.
Pinilla afirmó que las despensas –que no portaban logotipo alguno- fueron adquiridas por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Veracruz, del cual es presidente, para llevarlas a los damnificados por los sismos. Explicación que no le importó a la autoridad, que se lo llevó preso junto con otras cinco personas, acusados de cometer un supuesto delito electoral y ser descubiertos “en flagrancia”. Fueron liberados 24 horas más tarde.
Sin embargo, y a pesar de haber cometido exactamente el mismo presunto delito, al líder de la asociación “YUNETE”, Rafael Abreu -quien semanas antes subió a sus redes fotografías y video del reparto de despensas con los colores y tipografía utilizada por Miguel Ángel Yunes Linares durante su campaña por la gubernatura-, únicamente se le “despidió” de su puesto como funcionario público estatal, y supuestamente se le investiga.
La diferencia es que mientras Rafael Abreu es amigo personal del fiscal Jorge Winckler y los hijos del gobernador del estado, Fabiola Balmori es una conocida priista del puerto de Veracruz, a la que se pretende hacer a un lado de la contienda política del año entrante torciendo la ley, y si se puede, metiéndola a la cárcel. Exactamente igual que en el sexenio de Duarte de Ochoa hizo el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, con la hoy diputada panista María Josefina Gamboa.
Se parecen tanto a ti, Javier, que no nos dejan olvidarte.
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