Javier Peñalosa Castro
Aunque sin proclamarlo abiertamente, esta semana iniciaron de lleno las campañas negras y el “teatro fantástico” rumbo a la elección presidencial del año próximo. Los medios se hicieron cargo de que todos viéramos un video en el que un donante “anónimo” le pide a la diputada local por Veracruz, Eva Cadena, que entregue un donativo de 500 mil pesos a Andrés Manuel López Obrador. Y como aparentemente el efecto no fue el deseado, posteriormente se difundió otra pieza en la que se ve a la misma señora supuestamente negociando la entrega de otra cantidad de dinero que, se supone, habría de entregar a tabasqueño.
Sobra decir que los videos en cuestión son mucho más pobres y están mucho más mal hechos que los que produjo en su momento el empresario argentino Carlos Ahumada con colaboradores cercanos a AMLO, y que tanto lo afectaron en su campaña.
Resulta por demás dudoso el comportamiento de la citada militante (o exmilitante) de Morena, quien parece estar actuando (mal, por cierto) para la una grabación casera. En el peor de los casos, tomando en cuenta que, en apego al guion, realmente hubiera accedido a ser intermediaria para entregar al dirigente nacional de Morena las cantidades en efectivo que se mencionan en el video, de lo menos que se le puede acusar es de ignorancia e ingenuidad, más allá de que su conducta se encuadra dentro de supuestos que configuran la comisión de delitos electorales. Peor aún, cabe sospechar que estaba de acuerdo con quien ofrece el dinero y quien graba las imágenes, o incluso, que no pensaba enterar los “donativos” a su partido.
Sin duda, a todos causa escozor ver en pantalla lo que saben que ocurre cotidianamente a ciencia y paciencia del Instituto Nacional Electoral: las violaciones a las reglas de promoción electoral que practican alegremente políticos de todos los partidos que aspiran a cualquier puesto de elección popular en cualquiera de los tres órdenes de gobierno entre las que, por supuesto, destaca el flujo de recursos de origen ilícito, como los que en su momento aportaron a las campañas los gobernantes estatales que hoy son señalados y —rara vez— perseguidos por haber dispuesto de manera fraudulenta del dinero de las tesorerías de sus entidades federativas.
El flujo ilegal de fondos para actividades electorales se dedica generalmente al pago de publicidad encubierta en medios, dádivas diversas (tinacos, despensas, monederos electrónicos y un interminable etcétera). La diferencia es que normalmente quienes incurren en estas prácticas ilegales tienen la precaución de borrar, en lo posible, las evidencias, y aun cuando se presentan denuncias, como en los casos de las tarjetas de Soriana y Monex por parte del PRI en la elección presidencial de 2012, por lo regular estas anomalías no tienen consecuencias y, peor aún, en ningún caso modifican los resultados de una elección. Baste recordar que, en los comicios de 2006, cuando fue, más que evidente, grotesca, la intervención del entonces presidente Vicente Fox en contra de López Obrador, lo más que se logró que un regaño por parte del otrora IFE.
Las sanciones habituales para los partidos que quebrantan la legislación electoral quedan generalmente en multas poco ejemplares que, a la menor provocación, son renegociadas a la baja.
Un botón de muestra de la impunidad que campea es la burda campaña preelectoral que llevó a cabo recientemente el panista Rafael Moreno Valle, cuya imagen podíamos ver, al menos en la Ciudad de México, en los puntos con mayor circulación de personas. Al recibir la queja por estos actos anticipados de campaña, el INE adujo que no podía suspenderse la exposición de la imagen del exgobernador de Puebla en los medios, pues con ello se atentaría contra la libertad de expresión. Por supuesto, Moreno Valle sigue, tan campante, promoviéndose en cuanto escaparate se lo permite.
En menor medida, aunque también con mucha frecuencia, Margarita Hillary Zavala y su infame consorte también se placean a satisfacción y hacen cuanto está a su alcance por llevar agua a su molino en aras de alcanzar la postulación del PAN para la ex primera dama. Lo mismo ocurre con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quienes realizan proselitismo ya sea para promoverse como aspirantes a la Presidencia o para respaldar al candidato del PRI al gobierno del Estado de México, y el secretario de Economía de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, quien aspira a suceder a Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno de la capital.
Pero volvamos a los videoescándalos. A excepción de las telenovelas que Televisa tiene más de medio siglo recetándonos con una elevada rentabilidad, en general, nunca segundas partes fueron buenas, y la pretensión de reeditar la campaña negra que tan bien funcionó hace 10 años no parece pitar bien para quienes la promueven. Por lo pronto, habrá que prepararse para la multiplicación de recursos “loderos” de este tipo a medida que se aproxime la fecha para definir al próximo ocupante de Los Pinos”.
