La Primera Comisión aprobó un dictamen para exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del estado de Guerrero para que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como privación ilegal de la libertad y tortura, presuntamente cometidos por Nestora Salgado García, ex líder de Policía Comunitaria de Olinalá.
De tal suerte que las víctimas puedan acceder a la reparación del daño, ya que toda autoridad, sea o no indígena, debe garantizar el pleno acceso y goce de los derechos de todos los mexicanos en los diversos ámbitos.
En el documento se puntualiza que la Policía Comunitaria de Olinalá, tiene entre ocho y diez investigaciones por la detención ilegal de entre 48 y 58 personas, ocurridas cuando Nestora Salgado ejerció la coordinación de esta organización en octubre de 2012.
