Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El arranque de 2025 ha vuelto a poner al descubierto la naturaleza más autoritaria del régimen, así como las redes de complicidades que lo han mantenido en el poder a pesar de su manifiesta incapacidad y corrupción.
Mientras la mayoría de los mexicanos celebraba el fin de año, el morenato asestaba un golpe con el que buscará mantener a raya a cualquiera que considere una amenaza, un adversario o simplemente un crítico que se niegue a seguir la línea oficial.
En su edición vespertina del 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos merecedores de prisión automática.
Entre éstos se incluye la “emisión de falsos comprobantes fiscales”, con lo que se anuncia claramente que el rubro hacendario e impositivo se convertirá en un arma de persecución del gobierno, algo sobre lo que diversos organismos de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión han alertado como una estrategia recurrente en gobiernos autoritarios para acallar las críticas y reprimir el disenso, escondiendo su talante arbitrario en actos de supuesta legalidad.
Además, con esta reforma el gobierno de Claudia Sheinbaum entró en desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de un año ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa de la legislación mexicana, pues en los hechos se le puede considerar como una detención arbitraria, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Detener de forma automática a las personas viola los derechos humanos, además de que desincentiva las capacidades para investigar delitos e incumple sentencias y recomendaciones internacionales. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres”, aseveró ONU-DH desde noviembre pasado.
Pero al gobierno “humanista” de Sheinbaum –mangoneado descaradamente por Andrés Manuel López Obrador- le importó un bledo, porque lo que está buscando es, contrario a la postura que enarbola en el discurso, mantener un férreo control sobre las manifestaciones sociales, las críticas periodísticas y la oposición política. Y cuando sea necesario, aplastarlas.
Baste ver la desproporcionada reacción del régimen ante el reportaje del diario estadounidense The New York Times sobre un presunto laboratorio clandestino de fabricación de pastillas de fentanilo en Sinaloa. Todo el aparato propagandístico y político del gobierno se “envolvió en la bandera” para acusar “intervencionismo” extranjero porque la pieza periodística simplemente muestra –y ni siquiera fue la primera vez que eso aparece en un medio- lo que todo mundo sabe: que los cárteles del crimen organizado producen esta letal droga dentro del territorio nacional mexicano, desde donde se introduce al mercado en Estados Unidos, país que sufre una verdadera crisis sanitaria por su alto consumo.
Tan grave es esa crisis, que se convirtió en una bandera de campaña de quien el próximo 20 de enero retornará a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y que entre otras cosas, ha afirmado que declarará como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, lo que de acuerdo con su propia legislación, le autofaculta para combatirlos fuera del territorio estadounidense. Concretamente, en México.
La reacción de Sheinbaum ha sido, inopinadamente, en el mismo sentido: insuflar el nacionalismo, hablar de la defensa de la soberanía y asumirse como “niña héroe” frente a la amenaza trumpista, a sabiendas de que en realidad no hay mucho que pueda hacer si ésta se hiciese realidad. Y cuando lo que habría que hacer sería llamar a un combate coordinado entre ambas naciones contra los grupos delincuenciales. Claro, si éstos no fueran sus socios.
Este fin de semana circuló de nueva cuenta –ya se había publicado hace una semana- una carta que presuntamente envió el propio expresidente López Obrador a los senadores de Morena, a través de su coordinador de bancada Adán Augusto López Hernández, en la que, entre otras cosas, se plantea que “distintos grupos, alentados por la narrativa de la oposición, podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio; pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos en armas en ciertos territorios” (sic).
La veracidad del documento no fue desmentida por nadie y exhibe el nivel de preocupación y sobre todo la complicidad existente entre el régimen obradorista –porque Sheinbaum a duras penas toma decisiones menores- y la delincuencia organizada, convertida en ariete para influir en las elecciones en favor del partido oficial, y que ve como una amenaza real la posibilidad de un operativo militar estadounidense en México para descabezar a los cárteles.
Todo eso ha ocurrido en menos de dos semanas y es así como llega a sus primeros cien días el gobierno de Claudia Sheinbaum: sin margen de maniobra, secuestrado por un expresidente megalómano e irresponsable que se niega a dejar de dar órdenes porque él sigue detentando el poder, y en un escenario de alto riesgo por lo que implicará el nuevo mandato de Donald Trump, quien también es capaz de cualquier cosa para mantener la aprobación de su base más dura de seguidores.
Y esto apenas comienza.
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