Semovi pone en riesgo privacidad de usuarios de apps de movilidad

El pasado 16 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México publicó por medio de la Gaceta Oficial un aviso, en el cual demanda a las apps de transporte como Uber, Didi o Cabify entregar datos específicos sobre cada uno de sus viajes y de sus conductores a la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, esta medida puede poner en peligro a los usuarios de éstas.

De acuerdo a la disposición, la información requerida se entregará a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y a un tercero independiente que se acordado entre las empresas y la dependencia capitalina.

Entre la información que se le pide entregar a las apps de movilidad destacan la placa vehicular, el CURP de un conductor, coordenadas y/o puntos geo temporales, licencia, entre otros datos relevantes que pueden vulnerar la privacidad de los usuarios.

A pesar de que estos datos en primera instancia no son tan relevantes, terceros pueden sacar provecho. Ejemplifico, en noviembre de 2017, la empresa Data Cívica logró descifrar los nombres de 31 mil 968 desaparecidos a los que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Segob mantenía en el anonimato solamente con un cruce de información con diversas bases de datos del país.

Entonces, ¿por qué se pone en riesgo la privacidad de los usuarios de apps de movilidad con esta medida del Gobierno capitalino? Cualquier base de datos que incluya información o datos alfanuméricos, puede recombinarse con otras bases de datos que obran al interior de la SEMOVI para reidentificar a un ciudadano a nivel individual, revelar sus datos personales y vulnerar su derecho constitucional a la privacidad.

A pesar de que la Ley General de Protección de Datos asegura que va a salvaguardar los derechos de conductores y pasajeros, hasta el momento no ha justificado los motivos por los cuales requiere tal cantidad de información en el mencionado aviso.

Antes de que continúen pidiendo santo y seña a las plataformas digitales en aras de la seguridad, las autoridades capitalinas deben justificar por qué necesitan esta cantidad de información, ya que esto abriría un boquete que en manos de terceros puede vulnerar el derecho a la privacidad afectando a miles de personas.