El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo, con el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contras las niñas y mujeres.
El dictamen en cuestión fue elaborado por la Comisión Para la Igualdad de Género, y de acuerdo al documento, la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud pública y una violación de sus derechos humanos.
Se señala que el 35 por ciento de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja, o violencia sexual por terceros en algún momento de sus vidas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
En México, 63 de cada 100 mujeres -mayores de 15 años- han padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja o por otras personas; y las más vulnerables a padecer esta condición son las mujeres de entre 30 y 39 años.
El dictamen, también enuncia que las niñas son particularmente vulnerables a la violencia y al abuso, especialmente por parte de miembros de sus familias y, por consiguiente, están en riesgo de daño físico y psicológico.
En América Latina y el Caribe, más de seis millones de niños, niñas y adolescentes sufren abuso severo, y más de 80 mil mueren por causas relacionadas con la violencia doméstica.
También se aprobó un punto de acuerdo, que exhorta al Congreso del estado de Yucatán a armonizar su legislación, de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.
El dictamen aprobado, refiere que actualmente en el país, 11 entidades federativas tienen la paridad en sus marcos electorales estatales; a pesar de que desde 2014 la reforma político electoral dio rango constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas en los ámbitos federal y nacional.
