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Sheinbaum acusa a la oposición de buscar desacreditar las elecciones de 2027 y pide revisar contratos del INE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a los partidos de oposición de buscar desacreditar las elecciones de 2027 mediante los señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y aseguró que los comicios están garantizados por las autoridades correspondientes.
Sheinbaum sostuvo que las acusaciones contra el organismo electoral buscan generar desconfianza sobre el próximo proceso electoral. Afirmó que esta estrategia está relacionada con la baja credibilidad y aceptación ciudadana que, según dijo, tienen sus adversarios.
La mandataria señaló que corresponde al actual INE, con los consejeros que lo integran, y a la Cámara de Diputados, que elegirá a la nueva presidenta del instituto, garantizar la realización de las elecciones.
Además, exigió una investigación a fondo sobre los contratos millonarios y las presuntas irregularidades en la contratación de servicios electorales. Consideró que esas prácticas no comenzaron durante la gestión de Taddei, sino que podrían remontarse a administraciones anteriores.
En particular, pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los contratos otorgados a los hermanos Hernández Casillas, a quienes señaló por presuntamente concentrar la prestación de productos y servicios utilizados en la organización de elecciones.
De acuerdo con la presidenta, un mismo grupo de proveedores habría obtenido contratos en distintos procesos electorales, por lo que solicitó revisar los montos, las condiciones de adjudicación y los posibles beneficios recibidos.
Sheinbaum rechazó que las investigaciones se limiten al periodo de Guadalupe Taddei. Sostuvo que el presunto negocio relacionado con los contratos electorales viene de años atrás y estaría vinculado con una persona que actualmente forma parte de un partido de oposición.
También recordó los cuestionamientos contra autoridades electorales en procesos previos, incluidos los señalamientos de presunto fraude en la elección presidencial de 2006 y las denuncias por compra de votos durante los comicios de 2012.
Finalmente, pidió que las indagatorias incluyan las posibles irregularidades registradas entre 2014 y 2024, particularmente los contratos que, según sus señalamientos, habrían concentrado las compras de productos y servicios electorales en un mismo grupo de proveedores.
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