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Nacional

Sheinbaum deja para después de 2027 discusión sobre facultades del INE y futuro de los OPLE

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que cualquier propuesta para modificar las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), deberá discutirse después de las elecciones de 2027.

La mandataria sostuvo que ya no hay tiempo para presentar una reforma antes de los próximos comicios. Tras la elección, consideró, deberá abrirse una discusión nacional sobre la concentración de facultades en el INE, el nombramiento de autoridades electorales estatales y la permanencia de los organismos locales.

Sheinbaum respondió así al ser cuestionada sobre la posibilidad de retomar la federalización de las elecciones, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

La presidenta reconoció que hay aspectos del sistema electoral que podrían modificarse, pero reiteró que no contempla presentar una iniciativa durante el periodo previo a las elecciones federales de 2027.

También recordó que una propuesta anterior de reforma electoral no obtuvo la aprobación necesaria. Esa iniciativa planteaba modificar el mecanismo de elección de legisladores plurinominales, reducir el costo de las elecciones y ampliar los instrumentos de participación ciudadana.

La desaparición de los OPLE ha sido planteada antes en propuestas de reforma electoral impulsadas desde gobiernos de Morena, bajo el argumento de una duplicidad de funciones entre autoridades federales y estatales.

Actualmente, los OPLE organizan las elecciones de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. El INE se encarga de los comicios federales y tiene atribuciones en distintos aspectos de los procesos estatales, entre ellas la designación y remoción de consejerías electorales locales, incorporada al modelo electoral con la reforma constitucional de 2014.

Una eventual eliminación de los organismos electorales estatales requeriría una reforma constitucional aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, además del aval de la mayoría de las legislaturas estatales.

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