La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la UNAM deberá determinar si requiere el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las irregularidades detectadas en el examen de admisión a licenciatura, aplicado por primera vez en línea.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria indicó que corresponde a la Universidad analizar cómo se cometió el presunto fraude, incluyendo si hubo participación de la empresa encargada del examen o si se trató de acciones individuales con el uso de herramientas como inteligencia artificial.
“Y el otro tema pues tienen que ver cómo se cometió este fraude. Si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes, utilizaron la inteligencia artificial”, explicó.
Sheinbaum enfatizó que la decisión de solicitar la intervención de la FGR o presentar una denuncia debe ser tomada por la propia UNAM en el marco de su autonomía, aunque el Gobierno federal podría brindar apoyo a través de la Secretaría de Educación Pública o la Agencia de Transformación Digital.
“Ellos son los que tienen que tomar la decisión”, reiteró.
A dos semanas del inicio del ciclo escolar, casi 22 mil aspirantes que habían obtenido un lugar entre más de 158 mil participantes permanecen en incertidumbre, luego de que la UNAM suspendiera inscripciones tras detectar anomalías como puntajes inflados y posible uso de inteligencia artificial.
La situación ha generado movilizaciones de aspirantes y padres de familia, quienes han realizado bloqueos y protestas en Ciudad Universitaria para exigir la aplicación presencial del examen.
La Presidenta urgió a la Máxima Casa de Estudios a resolver el problema para dar certeza a los jóvenes, al señalar que la institución debe definir si el examen será válido, si se repetirá o qué criterios se aplicarán para el ingreso.
Asimismo, planteó que la UNAM podría ampliar su matrícula para atender la demanda de educación superior, al tiempo que destacó el crecimiento de otras instituciones públicas como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las Universidades Benito Juárez, que buscan incrementar la cobertura educativa en el país.