CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó en la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el riesgo de que la Secretaría de la Función Pública y las contralorías a su cargo pierdan la independencia e imparcialidad en sus funciones de auditoría y fiscalización.
El 26 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió esa iniciativa a la Cámara de Diputados, y el cambio fundamental es que la SFP asuma las funciones de centralizar la contratación de bienes y servicios de las dependencias del sector público, mismas que hoy son competencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, de avalarse las reformas, la SFP tendría tanto las funciones de ejecutar el gasto vía las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) que de SCHCP pasarían a su cargo, como la de fiscalizar ese ejercicio de recursos en cada dependencia, a través de los Órganos de Control Interno (OIC), facultades que son su tarea central.
El IMCO alertó que “el riesgo de que la operación, funcionamiento e imparcialidad (de la SFP) se vean comprometidas al recaer en una misma dependencia las compras públicas y su fiscalización”.
Otorgarle de manera simultánea a la SFP las facultades para ejecutar y fiscalizar las compras públicas “podría implicar un conflicto de interés, por lo que es fundamental separar ambas funciones de manera efectiva”, estableció el organismo.
El IMCO puso especial atención en que, al recaer en una misma dependencia las compras públicas y su fiscalización, no se contaminen ambos procesos. Por eso expuso dos propuestas para que, en caso de que prosperen esas reformas, no se presenten esos escenarios.
La primera es que la SFP, que ahora será responsable de nombrar o remover a los titulares de las UAF, realicen esas tareas con perfiles idóneos y no bajo designaciones directas.
Además, que la SFP se asegure que las labores de fiscalización del gasto y administración de finanzas “se realicen bajo estricta separación”.
El instituto vio, sin embargo, algunas ventajas que podrían traer consigo los cambios legales propuestos. Una de ellas fue hacer que sean menos costosos y más eficientes los procesos de compras públicas, así como permitir que la SFP retome el control de la plataforma Compranet.
“Esto significaría mayor vigilancia sobre las compras públicas, una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción en cualquier administración pública”, se expone en el estudio.
Pero para esto sugirió que se identifiquen las necesidades de compra de las dependencias y haya coordinación entre la SFP y las instituciones para solicitar los bienes y asegurar las mejores prácticas en materia de centralización de compras.
También consideró positiva la coordinación de las operaciones de las UAF de las distintas dependencias públicas ya que “puede mejorar la ejecución del gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción”, pero no vio como un buen signo que estas unidades se concentren en la SFP por ser el ente que debe fiscalizar el gasto.
AM.MX/fm
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