Ricardo Del Muro / Austral
El uso de taxis de aplicación en aeropuertos han provocado un enredo – un “jaloneo”, en palabras de Eidalid López, reportera de La Crónica – por los fuertes intereses en pugna. Luego de que Uber aseguró estar amparados por la resolución de una jueza federal para operar los aeropuertos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) negó ayer que la plataforma tenga autorización para subir pasaje en las terminales aéreas.
De acuerdo con un comunicado de la SICT, se explicó que Uber, pese a tener la suspensión definitiva, carece de autorización para cargar pasaje, por lo que si bien no se puede detener o sancionar a sus choferes, la instrucción es que no pueden cargar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Además, las autoridades especificaron que la suspensión definitiva que obtuvo Uber en aeropuertos es para que los operativos de la Guardia Nacional “se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal y el reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios”.
Sin embargo, esta resolución no significa una “autorización” para que Uber cargue pasaje en aeropuertos. En este sentido, la SICT informó a los usuarios del AIFA y del AICM que pueden seguir ocupando los servicios de taxis autorizados en aeropuertos, así como autobuses de pasajeros y servicios turísticos.
El pasado lunes, 27 de octubre, Uber comunicó que se le otorgó una suspensión definitiva, concedida por la jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lilia Ochoa, quien le permitió operar de manera legal en los 70 aeropuertos de México. Acentuó que la Guardia Nacional solo podrá realizar inspecciones de rutina. Sin embargo, “no podrá detener a los conductores de Uber mientras estén completando un viaje activo y que éstos no podrán esperar en las inmediaciones de los aeropuertos, sin tener un viaje programado”.
Ayer, antes de la versión de la SICT, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que Uber operaría sin restricciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, tras un acuerdo con la Guardia Nacional, abriendo una nueva posibilidad de fortalecer la movilidad y el transporte en estas terminales. Incluso, dijo que esta apertura debe ir acompañada de igualdad de condiciones, por lo que es crucial mantener un piso parejo para taxistas y vehículos de plataformas, destacando que todos deben tener oportunidades justas para ofrecer sus servicios.
“Lo que estamos pidiendo es que tanto los taxistas del aeropuerto como los automóviles de plataforma tengan el mismo derecho a trabajar, permitiendo que los pasajeros elijan libremente su medio de transporte”, afirmó el gobernador de Jalisco, según informó el periódico Milenio. Pero ayer, el comunicado de la SICT dejó embarcado al mandatario.
Así se ha desarrollado un capítulo más de una historia de jaloneos en torno a los grupos privados que controlan el transporte en todo el país. Durante décadas, los taxis fueron símbolo de poder político y control económico en México. Las concesiones —otorgadas por los gobiernos estatales— se convirtieron en monopolios locales que concentraron la riqueza en manos de sindicatos, líderes transportistas y políticos. Pero en 2013, una aplicación cambió las reglas del juego. La llegada de Uber representó el primer desafío real a ese viejo sistema de favores, rentas y control: un golpe directo a los llamados pulpos del transporte.
En septiembre de 2024, después de presiones de los taxistas la SICT suspendió el proyecto de reforma que permitiría que las plataformas de transporte bajo demanda recogieran a pasajeros en zonas federales, para regular la operación de aplicaciones de movilidad como Uber y Didi en los aeropuertos.
De acuerdo con información de Uber, las plataformas digitales cuentan con más de 8 millones de usuarios activos semanalmente en México, además de que tienen más de 250 mil socios conductores y repartidores, operando en 70 ciudades mexicanas en las 32 entidades federativas.
Tras la resolución emitida por la jueza federal, Uber hizo un llamado a las autoridades federales para que cumplan con la suspensión y al Congreso de la Unión para que legisle sobre el tema y se establezca un marco normativo claro para las plataformas digitales en las zonas federales, especialmente en los aeropuertos. Por lo demás, sólo queda informar que esta historia continuará. RDM
