Nacional
Sin sanciones por vapeadores: PRI advierte sobre falta de regulación
La reciente reforma para prohibir el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México aún no ha entrado en vigor, lo que significa que no existen sanciones para quienes continúen utilizando estos dispositivos.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que las sanciones se definirán en las leyes secundarias, pero el proceso legislativo aún no ha concluido.
Proceso legislativo en marcha
El pasado 11 de diciembre, el Senado aprobó un dictamen que prohíbe la producción, venta y uso de vapeadores desde la Constitución. Esta medida fue enviada a los Congresos locales, donde se logró la mayoría necesaria para su declaratoria constitucional. Sin embargo, la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federaciónsigue pendiente.
Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en Diputados, advirtió que los usuarios de vapeadores deben estar conscientes de que el proceso legislativo no ha finalizado.
En un comunicado, criticó que durante las discusiones no se abordara adecuadamente el problema de las adicciones en México y reconoció que aún se desconocen las posibles sanciones para los consumidores.
Falta de regulación y consecuencias
A raíz de la falta de legislación completa, actualmente no hay autoridades que puedan imponer multas o castigos a quienes infrinjan las nuevas disposiciones. Aunque se discutieron los riesgos para la salud asociados con el uso de vapeadores, no se definieron sanciones específicas.
La reforma establece que “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeadores será sancionada”, pero los detalles aún están por determinarse.
Objetivos de la reforma
La reforma tiene como objetivo erradicar los daños a la salud causados por estos dispositivos, que pueden provocar problemas respiratorios, cardiovasculares y otras afectaciones graves. Se espera que, una vez en vigor, derogue todas las disposiciones anteriores que se opongan a esta nueva legislación.
Además, se establece un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico relacionado con esta reforma, mientras que los Congresos locales tendrán un año para implementar los cambios necesarios.
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