Estado de los ESTADOS
Lili a Arellano
“Es necesaria la desgracia para socavar ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana; es precisa la presión para hacer estallar la pólvora”: Alejandro Dumas
● ¿Sirvió la reunión de Alto Nivel?
● Por reelección de Biden presionan a México
● No hay pactos con los criminales: Rosa Icela
● Van sobre un fideicomiso del Poder Judicial
Ciudad de México, 5 de octubre de 2023.- Las crisis de salud y migratoria o de refugiados en Estados Unidos llevan al gobierno de Joe Biden a un viraje en su política interior y exterior de contención del alud de refugiados latinoamericanos quienes buscan el “sueño americano” y del tráfico de drogas desde México, además de apretar las presiones a la administración de Andrés Manuel López Obrador, a fin de atajar las críticas internas de los republicanos y enfrentar en mejores condiciones los comicios presidenciales en territorio estadounidense, donde proyecta reelegirse. A eso vinieron ahora al “Diálogo de Alto nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos”, el secretario de Estado, Antony Blinken, el Procurador General, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas: a tratar de reducir la presión pública estadounidense, quien señala a los opioides y al fentanilo como la mayor amenaza para la salud pública. También critican la migración ilegal y la porosidad de la frontera entre México y Estados Unidos, pero olvidan entra la mayor parte del fentanilo por puertos legales, como lo confirmó la DEA.
El elevado consumo de fentanilo en la población adicta estadounidense provoca alrededor de 100 mil muertes al año, y la oposición culpa al gobierno de Biden de hacer poco o nada para contenerla, y a los cárteles mexicanos de ser los responsables del enorme problema de salud, por eso tienen éxito propuestas para continuar la construcción de un muro de contención en la larga y porosa frontera con México. Se concentran en castigar la oferta de drogas y proponen invadir a nuestro país para acabar directamente con los cárteles exportadores y productores de drogas, pero olvidan la importancia de prevenir e, incluso, eliminar la demanda con programas educativos de advertencia, asistenciales a los adictos y apoyo a su salud mental, tratamientos a largo plazo y promoción de empleos bien remunerados para enfrentar correctamente sus carencias. Hay una sensación generalizada de abandono de parte de los grupos familiares de las víctimas, lo cual está impactando en la elección presidencial. Esa es su preocupación, la eventual pérdida del poder.
La otra arista del problema multinacional es la crisis de migrantes o de refugiados mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, quienes se desplazan de sus lugares de origen hacia el norte en busca del “sueño americano”, orillados por la violencia, por la actividad de las organizaciones criminales, dedicadas particularmente a la producción y tráfico de estupefacientes, pero también al control territorial de las actividades productivas y al asalto a los gobiernos locales, en municipios, estados y países enteros, como sucede en diversas regiones de México. El gobierno de López Obrador es acusado de “consentir” a los cárteles con su política de “abrazos no balazos” y de no hacer lo suficiente para combatirlos, así lo presionan a cambiar sus políticas internas de seguridad.
Para los electores estadounidenses es indispensable tener un presidente concentrado en la solución de la crisis de salud derivada del consumo de fentanilo y en atajar el alud de latinoamericanos llegados a su territorio huyendo de la violencia en sus países de origen. De ahí el viraje de la política de Joe Biden, quien anunció la prohibición de 26 leyes federales para permitir la construcción de nuevos tramos de muro fronterizo en el sur de Texas. Es la primera vez hace uso su administración del mismo poder durante la presidencia de Donal Trump para el levantamiento de la barda.
El Departamento de Seguridad Nacional difundió: la obra, la cual se financiará con recursos asignados por el Congreso en 2019, se llevará a cabo en el condado Starr, en Texas, una zona en donde se registra una gran cantidad de ingresos ilegales. De acuerdo a datos oficiales, se reportan alrededor de 245 mil entradas en la región durante este año fiscal. Se estima la obra comenzará en el sur de la presa Falcón extendiéndose más allá de Salineño, Texas.
El gobierno de Joe Biden ordenó suspender el muro fronterizo al asumir el cargo el 20 de enero de 2021, considerò: “construir un enorme muro que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria”. Ahora, su decisión de construir nuevos tramos contrasta con esa posición. Actualmente, 1,136 kilómetros mide el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, cuya extensión total es de 3,100 kilómetros. De esos, 724 kilómetros de muro se levantaron durante la administración de Donald Trump, con 4,000 millones de dólares desviados de fondos asignados al Departamento de Defensa para construir ese tramo, cuya altitud es de 9.1 metros en sus partes más elevadas.
Los aspirantes a la Presidencia de EU, particularmente los republicanos, proponen medidas extremas de solución: durante su último debate, el pasado 27 de septiembre, Ron DeSantis aseguró enviará militares a México para atacar directamente a los cárteles. Nikki Haley prometió mandar fuerzas de operación especial al otro lado de la frontera. “Eliminaremos a los cárteles y eliminaremos sus operaciones”, dijo. Vivek Ramaswamy destacó: “Deberías utilizar nuestro Ejército para aniquilar a los cárteles de la droga mexicanos y finalmente poner fin a la crisis de suministro de fentanilo”. Chris Christie pidió mejorar el acceso al tratamiento para adictos. Y el ex presidente Donald Trump, quien no participó en el debate, aprovecha la situación. “Invocaré inmediatamente a la Ley de Enemigos Extranjeros para acabar de una vez por todas con la lacra de la violencia de las bandas extranjeras ilegales”, escribió en sus redes sociales.
Hoy, en el mensaje conjunto entre las comitivas de México y Estados Unidos en el diálogo de “Alto Nivel en Seguridad”, la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró el gobierno combate a todos los cárteles del crimen organizado y refrendó la colaboración con la administración de Joe Biden para combatir el tráfico de armas y de drogas. La funcionaria resaltó ambos países deben romper el círculo vicioso del tráfico de armas y drogas. “Estados Unidos tiene un complejo problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas, se abastecen con dinero y armas del otro lado de la frontera. Es un círculo vicioso del que sólo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano. México está cooperando y lo seguirá haciendo mediante la detención y castigo de quienes trafican con drogas y precursores químicos provenientes de Asia”.
La titular de la SSPC aclaró: “desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos -¿”aclaración no pedida, culpa manifiesta”?-. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2 mil laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo, y más de 44 mil 700 armas de fuego de alto poder”. Pero no es suficiente.Una preguntita ¿dónde han metido a 78 mil delincuentes? ¿en cuales cárceles? ¿dónde informaron de tales operativos? Esa cantidad es la mitad de los supuestamente empleados de los malosos, o sea ¿ya los tundieron y no nos dijeron? ¿Será… será?
En su oportunidad, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EU, reiteró: la colaboración entre ambos países ha permitido logros en el desmantelamiento de grupos del crimen organizado. “Juntos estamos adoptando medidas concretas para afrontar las amenazas que vemos en nuestra frontera compartida, mejorando la seguridad en nuestros puertos de entrada, y agilizando el movimiento de los peajes. Juntos estamos desmantelando las redes delictivas que se aprovechan de los migrantes vulnerables, desmantelando las organizaciones delictivas que contrabandean el fentanilo de sur a norte y las armas de norte a sur. Juntos estamos interrumpiendo las cadenas de suministro en que se apoyan estos cárteles”, señaló el funcionario estadounidense, quien expuso establecieron un modelo para permitir el acceso de migrantes de manera legal y con ello reducir en parte el poder que tienen los grupos de traficantes de personas.
Al iniciar este diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, participaron por parte de México, los titulares de la SRE, Alicia Bárcena; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de la FGR, Alejandro Gertz Manero; el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma; y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez. Por parte de Estados Unidos: Antony Blinken, secretario de Estado; Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para la seguridad nacional; Ken Salazar, embajador de EU en México; y Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la inteligencia financiera, entre otros.
MIGRACIÓN
El alud de migrantes latinoamericanos a Estados Unidos no es un problema binacional de Estados Unidos y México, sino multinacional y su solución deberá integrar la participación de todos los países involucrados, especialmente los expulsores. Con esta premisa, funcionarios de primer nivel de México, Estados Unidos, Colombia y Panamá celebraron el miércoles pasado una cumbre regional para abordar el creciente fenómeno migratorio, en la cual participaron de forma presencial, la canciller mexicana Alicia Bárcena y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Bliken, y vía remota, el ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, y la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney.
La reunión fue de carácter privado y no se dieron detalles de ella, pero Blinken publicó en sus redes sociales: “Las amenazas que enfrentan nuestras comunidades no pueden ser abordadas por un solo país. Nuestros desafíos compartidos requieren soluciones compartidas”. Trascendió que en esta cumbre se abordaron alternativas para frenar las oleadas de migrantes que cruzan el continente. Mientras hablaban, más de mil migrantes –en su mayoría venezolanos- arribaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, montados en un tren de carga, luego de superar unos 10 días de duro trayecto aferrados a la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos.
Por el creciente flujo de migrantes o refugiados, la empresa Ferromex, el mayor operador ferroviario en México, detuvo el 30 por ciento de sus operaciones a mediados de septiembre, en tanto del gobierno de AMLO endureció las medidas de seguridad para impedir los viajes: decidieron bajar a migrantes viajando en trenes y regresarlos en aviones y autobuses hacia el sur de México. Otros grupos de migrantes esperan la cita tramitada con su móvil para ingresar regularmente a Estados Unidos, mientras otros más buscan cruzar la frontera a pie para entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Ante la llegada masiva de migrantes, el Congreso de Chihuahua aprobó solicitar a la Federación una Declaratoria de Estado de emergencia humanitaria en Ciudad Juárez, con el fin de lograr le asignen medidas y recursos extraordinarios a la entidad para enfrentar la crisis migratoria y el colapso resentido en esa frontera, no solo por el flujo desmedido de extranjeros sino por el caos en los cruces fronterizos debido al cierre de una garita comercial en el Puente Internacional Córdova-De las Américas, paralizando exportaciones de la industria manufacturera lo cual, prevén, derivará en la pérdida de empleos y se convertirá en severa crisis económica para las familias fronterizas.
DE LOS PASILLOS
El presidente López Obrador mantiene sus embates contra el Poder Judicial. Luego de los fallos en favor de Tomás Zerón y Genaro García Luna, el mandatario acusó al Poder Judicial de ser el “fruto podrido” de los acuerdos entre PRI y PAN. Al mismo tiempo, sus operadores en el Congreso de la Unión van tras 15 mil millones de pesos dispuestos en fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados analizará el próximo martes la reforma –impulsada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier- buscando extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y transferir sus recursos a la Tesorería de la Federación para disponer AMLO abiertamente de ellos. Este acuerdo fue tomado ayer en una reunión de la Junta Directiva de la Comisión, la cual es presidida por el legislador morenista Ernesto González Robledo. El diputado panista Héctor Saúl Téllez denunció un trato preferencial a esta reforma, ya que la mayoría pretende darle trámite de manera expedita.
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