Por Aurelio Contreras Moreno
El viernes pasado, el lastimado cuerpo de la joven veracruzana Monserrat Bendimes Roldán no resistió más. Tras casi una semana luchando por su vida, finalmente falleció. O mejor dicho, se consumó su feminicidio.
Una semana antes, la joven fue brutalmente agredida por su novio, de nombre Marlon Botas Fuentes, quien la emprendió a golpes en su contra provocándole severas fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. Se encontraban dentro del domicilio particular de quien desde entonces se convirtió en prófugo de la justicia, estatus que mantiene hasta el momento de escribirse estas líneas.
Monserrat Bendimes se convirtió en una más de las mujeres mexicanas, veracruzanas, víctimas de la violencia feminicida que, contrario a las farfulladas de los gobiernos federal y estatal, ha experimentado un incremento exponencial en los últimos años, incluidos por supuesto los del régimen de la supuesta “cuarta transformación”.
Si los meses del inicio de la pandemia y el confinamiento forzoso en 2020 habían dado como resultado un aumento pavoroso de las agresiones en contra de las mujeres, las cifras de 2021 son sencillamente perturbadoras. Y son proporcionadas por el propio gobierno federal. El mismo que después pretende negarlas.
De acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de marzo de 2021 fue el más letal para las mujeres desde 2015, pues se registraron 359 asesinatos de mujeres en México, de los cuales por lo menos 92 cumplieron con las características para ser considerados como feminicidios, esto es, crímenes de odio contra las mujeres por su condición femenina. Como fue el caso de Monserrat Bendimes.
Llama la atención que haya sido precisamente marzo de 2021 cuando se dispararon los crímenes contra mujeres. El mismo mes en el que se llevaron a cabo las más fuertes protestas de grupos feministas y en general de mujeres -sin necesidad de asumirse como parte de un movimiento o grupo organizado- en contra de la indolencia del Estado hacia la violencia machista y en repudio al apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la candidatura del presunto violador Félix Salgado Macedonio.
La respuesta del sistema –social y político- en su conjunto fue devastadora: una violencia desmedida, cruel hasta el extremo. Como si así se pretendiera dar un “escarmiento” a aquellas que se atrevieron a romper las vallas de la indiferencia y a hacer atronar su voz contra sus violentadores que, por obra u omisión, les han destrozado la vida. Cuando no se las arrebataron.
Pero en términos generales, todo lo que lleva 2021 ha sido de terror para las mujeres de este país. Las mismas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el primer trimestre de este año se perpetraron 234 feminicidios en el país, encabezando la lista el Estado de México con 35.
Le sigue de cerca Veracruz con 21 –hasta marzo, vale la pena reiterar-. El mismo estado cuyo Poder Legislativo se negó a discutir siquiera su Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento Sexual; donde han asesinado a por lo menos seis mujeres relacionadas con la política en lo que va del sexenio; en donde el propio gobierno estatal difunde en redes sociales la información personal de activistas, poniéndolas en enorme peligro.
En ningún nivel de gobierno, en ningún partido, en ninguna de las cámaras legislativas, se ha tomado en serio este fenómeno ni mucho menos se le ha atendido. Por el contrario, ante la inacción deliberada del Estado mexicano en su conjunto, el promedio de mujeres asesinadas por día en el país aumentó a 12, evidenciando con ello la falta de compromiso del régimen para con su vida y su integridad.
Ahora fue Monserrat. La próxima mujer asesinada puede ser la hija, la hermana, la madre de alguien cercano, de un familiar, o la propia. Al final del día, las mujeres están solas en un país feminicida.
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