El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Tras la borrachera triunfalista de la 4T llega la cruda realidad: la amenaza de un continuismo revanchista que impedirá a la nueva mandataria el ejercicio pleno del poder. Por ello, si la ex jefa de Gobierno quiere realmente gobernar debe liberarse de la herencia autoritaria de un régimen de odio que abandonó las políticas públicas para imponer un populista proyecto político.
Quien deberá conducir los destinos nacionales tendrá que sacudirse la influencia y presión del tabasqueño y no creer que cumplirá su promesa de refugiarse en su rancho al término del sexenio. La nueva titular del Ejecutivo podría optar por asegurarle un exilio dorado como en su momento lo hicieron Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles, Luis Echeverría con Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo con el propio Echeverría, Ernesto Zedillo con Carlos Salinas de Gortari.
Claudia Sheinbaum se debe legitimar y demostrar que goza de autonomía, que asume su investidura plenamente pero que respeta el Estado de Derecho.
Así que su primera medida debe ser convocar a la renovación del pacto social que refrende la voluntad popular de preservar ese contrato social para convivir de manera armónica y pacífica con respeto al marco legal. Eso implica que el Estado retome su función primigenia de garantizar el respeto a la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
También es necesaria la existencia de instancias autónomas e independientes que sancionen los abusos de poder y garanticen los mecanismos legales para que la sociedad se defienda de los actos arbitrarios de la autoridad. Tendrá que ser -a diferencia del autoritarismo de AMLO que destruyó los contrapesos constitucionales y alentó la opacidad en el quehacer público-, respetuosa del Estado de Derecho y devolverle la dignidad al Poder Legislativo y permitir la actuación libre y soberana de ministros, magistrados y jueces.
Si realmente quiere ejercer un liderazgo democrático -ya que presume su origen de luchadora estudiantil y social-, debiera desmarcarse de la ofensiva que hay para desintegrar el Poder Judicial. En pocas naciones del mundo existe el voto popular para elegir a los impartidores de justicia y no necesariamente la gente escoge a los más preparados para ejercer la función de restituirle a los ciudadanos sus derechos y defenderlos de los abusos de autoridad. Hoy para ser juez se requiere de una gran preparación académica y conocimiento profundo de la Constitución y las leyes que de ella emanan. No más ministras Batres.
El gran problema de los políticos mexicanos es que lejos de combatir las imperfecciones o vicios de la administración pública, acaban con las instituciones, pero no castigan ni erradican los delitos o excesos de los servidores públicos. Cuando se creó el Servicio Secreto para combatir a la delincuencia, muchos de sus integrantes actuaron como un poder supraconstitucional, sometieron a los criminales de manera ilícita, atentaron contra las libertades ciudadanas y administraron el delito. Cuando el clamor popular exigió se controlaran los excesos de ese cuerpo policial, lejos de detener y sancionar a los malos elementos se optó por desaparecer al Servicio Secreto. Si existe corrupción de algunos jueces, que se penalice a esos malos impartidores, pero que no se crea que con desaparecer a la Corte se resuelve el conflicto.
Por el contrario, el sufragio popular abre las puertas para que el crimen organizado controle al Poder Judicial y se solapen sus actividades al aparo de la misma ley. Es fundamental en una democracia que se respete el Estado de Derecho. En la práctica, la elección de presidentes, legisladores y alcaldes no nos ha librado de gente corrupta.
Por eso la presidente entrante debe convocar a un nuevo pacto social que logre la unidad nacional, reunifique a la sociedad y deseche la polarización y el odio como forma de gobierno. Es importante que los sectores sociales dejen de verse como antagónicos y olvidarse de la visión maniquea de la historia, no se trata de una lucha de clases de buenos contra malos. Para reactivar la economía es necesario llamar a empresarios y trabajadores a caminar juntos, aumentar la productividad y el crecimiento. El gobierno necesita garantizar la certeza jurídica y combatir corrupción e inseguridad. Esperemos que la nueva mandataria tenga el valor de convocar a ese nuevo pacto social.
