Redacción Noticias MX.- La organización Causa en Común destacó que las víctimas de la familia LeBarón también son responsabilidad de los gobiernos de Sonora y Chihuahua, que han claudicado en su obligación de proveer de seguridad a los habitantes de sus entidades, dejando en manos de la administración federal la seguridad.
En un análisis de la situación que se vive en el país en materia de inseguridad, violencia e impunidad, la agrupación destacó que hay una ausencia de estrategia de seguridad de los gobiernos estatales.
De acuerdo con la información de Notimex, expuso que durante los primeros nueve meses, se han registrado mil 965 víctimas de homicidio doloso en Chihuahua, siendo la tercera entidad con la tasa más alta, con 69 por cada 100 mil habitantes.
En Sonora, se han cometido durante el mismo periodo 948 asesinatos, para arrojar una tasa de 43 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en 28.
La organización que encabeza María Elena Morera, argumentó que a nivel nacional, Chihuahua es la tercera entidad con mayor número de policías asesinados, y Sonora es la sexta. En lo que va del año han asesinado, al menos, a 26 y 21 elementos, respectivamente.
En materia de desarrollo policial, ninguno de los estados cumple con los mínimos requisitos estipulados en ley. A pesar del riesgo que conlleva la función policial, ninguno cuenta con un régimen complementario de seguridad social que les brinde la protección necesaria.
De acuerdo con una encuesta realizada por Causa en Común este año, en Chihuahua, 92 por ciento de los policías refirieron que han tenido que comprar sus botas; 93 por ciento su uniforme; 73 por ciento los cartuchos y 67 por ciento las reparaciones de su patrulla.
En Sonora, el panorama es igual: 91 por refirieron que pagaron por sus uniformes; 88 por ciento por sus botas; 56 por ciento por sus cartuchos, mientras que 41 por ciento por reparaciones de patrulla.
“De nueva cuenta, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales para que asuman plenamente su responsabilidad de construir verdaderas instituciones de seguridad y procuración de justicia, y de enfrentar a los criminales”, concluyó.
