MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En ámbitos del quehacer legislativo suelen proponerse iniciativas de diverso calibre, en alcance e importancia. Igual se asumen decisiones que tienen humores de impunidad y hasta desdén frente a demandas de justicia.
Esta semana, por ejemplo, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, por unanimidad desechó 58 expedientes de juicio político. Y vea usted las causas. De ellos, 49 fue porque las denuncias no son contra funcionarios públicos –¿quién asesoró a los demandantes y quién las recibió porque les tomó el pelo porque debió haber sido un legislador que conocía del procedimiento? Y, bueno, 9 por la muerte de los señalados.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada federal copresidenta de la Subcomisión, dijo que hubo un examen minucioso de los expedientes de juicio político y se identificó a aquellos que son notoriamente improcedentes porque la persona acusada no es sujeta de juicio, ya que no se encuentra entre los servidores públicos que contempla el artículo 110 constitucional.
Y puntualizó que “el acuerdo es que en aquellos casos que se solicite información de dependencias se girarán los oficios para que llegue la información lo más pronto posible, es ponerse al día de un rezago de diez años”.
De acuerdo con la legisladora priistas, se está dando cumplimiento al desahogo de las solicitudes rezagadas de las legislaturas anteriores y se resolvió la mayoría de los pendientes de la LIX Legislatura –¡de hace casi doce años!–, de cuyo cúmulo restan sólo seis expedientes que requieren mayor atención.
Y bueno, refirió que se ha dado respuesta a más de la mitad de las denuncias de la LX Legislatura –de hace nueve años–, con lo que su desahogo ha quedado casi satisfecho y permitirá abordar con atención las que así lo ameriten.
Pero, mire usted, el otro copresidente de la Subcomisión, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, aseguró que se ha avanzado casi en 45 por ciento de las peticiones de juicio político resueltas, que hace casi 13 años no se atendían. ¡Sopas!
Y el diputado perredista Rafael Hernández Soriano aclara que los expedientes desechados se refieren solo a los sujetos de juicio que señala el artículo 110 constitucional, es decir, alguno de los que tienen un cargo federal o quienes sin tener cargo federal, pero sí local, hayan cometido faltas graves a la Constitución o, bien, un desvío de recursos públicos de carácter federal.
“Es importante decirlo –acotó– porque en estos casos lo que atendemos son los cargos; sin embargo, alguno de los señalados pudiera ser sancionado en otra instancia a nivel municipal, local o en otra materia”.
Además, explica que la Subcomisión no prejuzga el fondo, revisa una de las hipótesis que marca la ley de que si son o no sujetos de juicio político. Como no se cubre el supuesto del 110, se indica que no puede haber procedimiento. “No es nuestro fin adelantarnos a juicios, sino revisar formas”.
Sin duda los actuales diputados tienen razón fundada en el procedimiento, pero a toro pasado han incurrido en omisiones, porque llevan más de un año en el ejercicio del cargo y, como ha ocurrido en otras legislaturas, de pronto desechan denuncias que debieron ser atendidas con la prioridad correspondiente.
Y es que, dejar en la congeladora las demandas de juicio político, tiene mucho de complicidad y encubrimiento. Es decir, lo de siempre, el burocratismo que implica impunidad.
EN OTRO ESCENARIO, está la propuesta de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara baja, para reducir el número de diputados y senadores en el Congreso de la Unión. El objetivo es crear un sistema unicameral.
El coordinador de fracción neoaliancista, Luis Alfredo Valles Mendoza, considera que se debe contar con una autentica representatividad, con inclusión, pluralidad política y respeto a los derechos políticos de las minorías, mediante un sistema unicameral de 500 legisladores.
Argumenta que los objetivos de esta propuesta son eficientar al Poder Legislativo, fortalecerlo mediante un sistema que permita agilizar los trámites, erradicar la duplicidad de funciones y generar un ahorro en época de austeridad.
Convertir al Congreso de la Unión en un sistema unicameral, aduce, generaría un ahorro de casi cinco mil millones de pesos anuales, más un adicional que representa cada seis años el proceso de elección.
Con ello, sostiene Valles, también se propiciarían mejores consensos políticos y se fortalecería el pluralismo y la representatividad.
De hecho se trata de comenzar de cero, crear un cuerpo legislativo único, con 500 integrantes de mayoría relativa y de representación proporcional, en el que todos y cada uno de los ciudadanos se sientan realmente representados, de acuerdo con Valles Mendoza.
Aseguró que el trabajo de los legisladores atraviesa por una crisis de credibilidad, derivada de un desprestigio ante la ciudadanía, principalmente por la falta de productividad, de consensos o la tardanza para aprobar iniciativas en el Congreso de la Unión y de los altos costos que representa la burocracia legislativa.
Incluso, el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, recordó que esta propuesta del unicameralismo es una forma que ya se tuvo en la Constitución de 1857 y, al fusionar las atribuciones en un solo Congreso, se evitan duplicidades, retrasos y congelamientos.
Tienen razón Valles Mendoza y el maestro Castro Obregón. Pero remar a contracorriente con los intereses creados en esta pluralidad en la que las decisiones obedecen a las mayorías partidistas, difícilmente se aterrizaría en ese unicameralismo, cuando el tema de la reducción de plurinominales no ha superado ni siquiera las primeras discusiones para adelgazar a las Cámaras de Diputados y de Senadores. Y menos en estos tiempos preelectorales y de sucesión presidencial, nadie se atreverá siquiera a abonar en el tema. ¿Para qué?, preguntarían, si como están funcionan. Conste.
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