A los políticos, en general, no los asustan los escándalos de corrupción que cada vez más frecuentemente aparecen en toda nuestra geografía política. En primer lugar, porque saben que a la población no le sorprenden y sólo ratifican su muy extendido conocimiento de que todos, absolutamente todos los políticos son corruptos. También, porque muchos ven a la corrupción como una cuestión que no les afecta… hasta que los afecta.
Sucede en Tabasco, ahora mismo, donde el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha destapado una cloaca de desfalcos, desvíos y “desaparición” de dineros públicos hasta por un monto que ronda los 23 mil millones de pesos durante la gestión de su antecesor priísta Andrés Granier Melo. Poco antes nos enteramos que sólo una de las hijas del ex gobernador tenía a su nombre, en una cuenta de cheques, 3 mil millones de nuestros billetes.
Y ahora sí la población se siente afectada por la corrupción. Lo han padecido en la prestación de servicios de salud, por ejemplo, ya que durante los últimos meses del mandato de Granier ésta fue punto menos que precaria, prácticamente inexistente. Murieron recién nacidos, y muchos otros más incrementaron la gravedad de sus padecimientos. El “faltante” en ese sector es por la friolera de 1 mil 226 millones de pesos.
Los corruptos tabasqueños, encabezados por Granier y su familia, merecerían por eso –sólo por eso– las más altas condenas que el Código Penal tenga contempladas.
“No habrá perdón ni olvido; no habrá más impunidad para nadie, sea cual sea su condición o haya sido el grado de su responsabilidad. Con las herramientas legales a nuestro alcance, habremos de dar seguimiento serio y responsable a quienes deban rendirle cuentas a Tabasco”, dijo el gobernador Núñez Jiménez, luego de también comprometerse, junto con todas las fuerzas políticas de la entidad, a “impedir que situaciones como las descritas se repitan en el futuro, sea quien sea quien gobierne; así como para implementar conjuntamente, con la activa participación de la sociedad y los sectores productivos, un Plan Estatal de Desarrollo, del cual se desprendan programas y políticas públicas que verdaderamente coadyuven al abatimiento de la pobreza y la desigualdad social, a la vez que impulsen el crecimiento económico del Estado, en beneficio de todos los tabasqueños.”
¡Cárcel para los corruptos! ¿Por fin?
EL ERARIO, UN BOTÍN
Hace unos días la Auditoría Superior de la Federación rindió su informe de la Cuenta Pública del 2011, con un sinfín de observaciones que a muchos nos hacen pensar en condenables actos de corrupción. Lo dijo el mismo auditor Juan Manuel Portal: en los últimos 30 años han fallado todas las políticas públicas de combate a la malversación de recursos públicos. Las fallas, dice el organismo, son la falta de control de la gestión pública; la carencia de un servicio civil de carrera para los servidores públicos, y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.
Ha fallado la dependencia del Ejecutivo que nació como Contraloría, con Miguel de la Madrid, y que terminó como Secretaría de la Función Pública, a la medida de la enorme corrupción de los panistas que asaltaron el erario los anteriores 12 años.
Y aunque aún no nace el organismo anticorrupción de los priístas que recién volvieron al poder, en la gestación del nuevo organismo aparecen ecografías que auguran un alumbramiento con malformaciones.
Vea usted si no es así cuando la designación de Julián Alfonso Olivas Ugalde para encabezar la subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública –en los hecho, el liquidador de esa dependencia– obedece más a un “amiguismo político” que a la experiencia profesional en el ramo.
Olivas, en efecto, no sólo es hidalguense, también concuño del vocero presidencial David López Gutiérrez y neófito en asuntos de fiscalización, según se observa en su hoja de vida publicada por la propia Administración. Entre 2005 y 2009 fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, donde renunció para competir como Titular de éste mismo órgano (ASF). Durante este proceso, Francisco Rojas, entonces líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados lo acusa de ser candidato de Enrique Peña Nieto, apoyando el mismo a Juan Manuel Portal Martínez, que encabeza este organismo en la actualidad y se vincula con Raúl Robles Segura (Contralor de la Comisión Federal de Electricidad). No obstante a las aparentes incongruencias de Rojas, lo que es cierto es que dichos personajes han colaborado con él.
Después de su derrota Olivas conduce el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2009; después en 2011 funge como director general de Recursos Humanos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto muestra el simple vasallaje que utiliza el gobernante –como hecho a mano--para los intereses necesarios, en la ausencia de trayectoria y experiencia profesional.
Índice Flamígero: El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a Tabasco todo el apoyo de la Federación para resolver el problema de falta de recursos económicos y la indagatoria por el “desfalco financiero”, presuntamente provocado por funcionarios del ex gobernador Andrés Granier que “desparecieron” más de mil 900 millones de pesos, aseguró el actual gobernador Arturo Núñez Jiménez.
