Columna de opinión
Taddei, entre la auditoría y la guillotina
José Luis Parra
José Luis Parra
La sonorense Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, enfrenta la crisis más delicada de su carrera política. Y lo curioso es que el principal peligro para su permanencia en el cargo no viene precisamente de la oposición, sino de las propias instituciones del régimen que facilitaron su llegada y posteriormente ampliaron sus facultades.
Así suele ocurrir en política. Los mismos que te ayudan a subir pueden terminar señalándote la puerta de salida.
La Auditoría Superior de la Federación abrió ayer una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones del INE, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. No es poca cosa. Aunque todavía no existen responsabilidades acreditadas, el asunto dejó de ser exclusivamente una denuncia periodística para convertirse en una investigación formal.
Y mientras los auditores preparan sus expedientes, en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una frase que seguramente hizo ruido en las oficinas de Viaducto Tlalpan: No debe existir ninguna sombra de corrupción en el organismo electoral.
Palabras mayores.
Porque una cosa es que los adversarios políticos pidan la cabeza de una funcionaria y otra muy distinta que la Presidenta de la República tome distancia pública de los señalamientos que la rodean.
Y para completar el cuadro, Taddei acudió ayer a una cita en Gobernación, mientras la ASF daba a conocer los indicios encontrados en las contrataciones. Oficialmente no se ha informado de ninguna negociación para su salida, pero el encuentro ocurre en un momento en que ya se discute públicamente su permanencia.
Aquí aparece una pregunta inevitable:
¿Quién protege ahora a Guadalupe Taddei?
Habría que recordar que su llegada a la presidencia del INE, en abril de 2023, estuvo marcada por aquella peculiar tómbola legislativa que sustituyó los acuerdos políticos. Una insaculación legal, ciertamente, pero que no logró disipar los cuestionamientos sobre sus vínculos familiares y políticos con personajes de la Cuarta Transformación.
Entre ellos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuya cercanía política con el entorno de los Taddei ha sido motivo de señalamientos desde hace años.
Y no se trata únicamente de relaciones personales. Integrantes de esa familia han ocupado posiciones importantes en gobiernos morenistas, desde la Secretaría de Bienestar hasta LitioMX.
Claro, tener familiares en el servicio público no constituye delito. Pero cuando la titular del organismo encargado de garantizar la imparcialidad electoral enfrenta cuestionamientos administrativos, esas relaciones adquieren una dimensión política que difícilmente puede ignorarse.
Lo verdaderamente interesante está en otra parte.
En octubre de 2024, una reforma a la legislación electoral permitió que la presidencia del INE nombrara directamente a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, facultades que anteriormente correspondían al Consejo General.
La modificación fue cuestionada por consejeros electorales, quienes advirtieron que debilitaba el funcionamiento colegiado del Instituto.
El argumento de quienes defendieron la reforma fue que permitiría agilizar los nombramientos y superar conflictos administrativos.
En otras palabras, se concentraron facultades para hacer más eficiente al organismo. Ahora habrá que determinar si esos poderes se ejercieron correctamente.
El problema no está solamente en quién firma los nombramientos, sino en los controles que existen para revisar las decisiones.
Y ahí parece estar el origen de buena parte de la controversia.
Las investigaciones periodísticas han colocado bajo sospecha operaciones de empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellas algunas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Los señalamientos incluyen una posible simulación de competencia en licitaciones y triangulación de recursos, hechos que todavía deberán esclarecer las autoridades fiscalizadoras.
Taddei rechaza las acusaciones, defiende la legalidad de las contrataciones y sostiene que existen intereses políticos empeñados en desacreditar al INE. También anunció mecanismos adicionales de transparencia y aseguró que no abandonará sus responsabilidades por presiones externas.
Está en su derecho.
Pero una investigación de la ASF no se resuelve con discursos ni con declaraciones de resistencia.
Se resuelve con documentos, expedientes y pruebas.
Ahora bien, el asunto tiene una segunda lectura, quizá más importante que la primera.
¿Qué ocurriría si Guadalupe Taddei deja la presidencia del INE?
La legislación establece que, ante la ausencia definitiva, los propios consejeros electorales designarían a uno de sus integrantes como presidente provisional, mientras la Cámara de Diputados nombra al sustituto conforme al procedimiento constitucional.
Es decir, comenzaría inmediatamente otra disputa política.
Porque no estaríamos hablando de cualquier cargo. Estaríamos hablando de la presidencia del organismo responsable de conducir el proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego la Cámara de Diputados y numerosos gobiernos estatales.
Y en esa eventual negociación aparecen perfiles como Carla Humphrey y Arturo Castillo, entre otros integrantes del Consejo General. No existe todavía una sucesión formal ni una candidatura acreditada, pero cualquier vacante obligaría a redefinir los equilibrios internos de la institución.
La Cámara de Diputados tendría la responsabilidad de encontrar el relevo definitivo y reunir la mayoría constitucional correspondiente.
Ahí entraría nuevamente la política.
Y sus intereses.
Porque el control de una institución electoral no debería confundirse con el control de sus decisiones.
Precisamente para evitarlo se construyó durante décadas un sistema de contrapesos que hoy enfrenta cuestionamientos.
Para Morena también existe un dilema.
Si respalda incondicionalmente a Taddei mientras avanzan las investigaciones, tendrá que explicar su posición frente a las irregularidades que eventualmente se acrediten. Si impulsa su relevo, deberá enfrentar preguntas sobre la reforma que concentró facultades en la presidencia del Instituto.
Y para Alfonso Durazo el episodio tiene una lectura adicional. Una eventual salida de la funcionaria sonorense modificaría la representación política informal que algunos observadores atribuyen a su entorno dentro de una institución nacional.
No necesariamente significa un rompimiento con Palacio Nacional, pero sí abriría interrogantes sobre la influencia que conserva el grupo político sonorense en las estructuras federales.
Por lo pronto, la señora Taddei sigue en su oficina y sostiene que no renunciará.
La ASF apenas comenzó su investigación y nadie puede anticipar legalmente sus conclusiones.
Sin embargo, el desgaste institucional ya existe.
Lo preocupante es que, rumbo a las elecciones de 2027, el INE necesita credibilidad, estabilidad y autoridades capaces de responder a los cuestionamientos con algo más que descalificaciones políticas.
El organismo que cuenta los votos de los mexicanos no puede permitir dudas sin aclarar sobre el manejo de sus propios recursos.
Porque si los responsables de organizar las elecciones no logran despejar las sospechas administrativas, el problema terminará alcanzando la confianza en los resultados electorales.
Y entonces la crisis dejaría de tener nombre y apellido.
Sería una crisis institucional.
Por eso, antes de preguntar quién podría sustituir a Guadalupe Taddei, convendría conocer qué ocurrió realmente con los contratos cuestionados, quién autorizó las operaciones y si hubo servidores públicos que actuaron fuera de la ley.
Después vendrán los relevos, si resultan necesarios.
En política abundan los especialistas en organizar funerales antes de que aparezca el cadáver.
Y también los que se apresuran a repartirse la herencia.
Ya veremos si Guadalupe Taddei consigue superar esta tormenta o si la tómbola que la llevó a la presidencia del INE termina convertida en una ruleta política.
Porque una cosa es llegar al poder por suerte.
Y otra muy distinta conservarlo cuando comienzan las investigaciones.
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