Taddei se va, el escándalo se queda

José Luis Parra

a sonorense Guadalupe Taddei Zavala cayó de la presidencia del Instituto Nacional Electoral en medio de un escándalo de presunta corrupción que involucra contratos por más de mil millones de pesos, una red de empresas proveedoras y relaciones personales que podrían configurar conflictos de interés. Su salida se precipitó en apenas 48 horas. El sábado decía que no se iba. El domingo anunció su renuncia. Y este lunes deberá formalizarla ante la Cámara de Diputados.

Así de rápido se derrumbó una carrera de 33 años en el servicio electoral.

Lo interesante del caso no es solamente la caída de Taddei. Es quiénes la empujaron, por qué la dejaron caer y hasta dónde llegarán las investigaciones. Porque en esta historia hay empresarios, funcionarios electorales, políticos de Morena y una presidenta de la República que, sin mencionar nombres, terminó por darle el último empujón.

Y seguramente todavía faltan personajes por aparecer.

Por lo pronto, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen bajo la lupa una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, beneficiarios de contratos electorales en al menos 13 estados del país.

La relación del grupo empresarial con el entorno de Guadalupe Taddei se remonta a 2014, cuando la sonorense llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora.

De allí arrancó una historia que terminaría por alcanzar dimensiones nacionales.

Los números son interesantes. Y comprometedores.

Cajas Graf acumula 22 contratos con organismos electorales estatales por 586.3 millones de pesos. Formas Finas y Materiales registra otros 15 contratos por 540.1 millones. Aparte están Corporativo Zeg y otras empresas del mismo entramado.

La ASF investiga presuntas irregularidades por 514 millones de pesos relacionadas con cuatro compañías. Entre los antecedentes aparece una adjudicación directa del INE por 63.2 millones de pesos a Comercializadora JVLY, para materiales del proceso electoral federal 2023-2024.

Las investigaciones también apuntan a posibles triangulaciones de recursos, tráfico de influencias y conflictos de interés.

Cuidado. Una cosa son los contratos, otra las irregularidades investigadas y otra muy diferente las responsabilidades que puedan demostrarse.

Pero el tamaño del negocio justifica abrir todos los expedientes.

Y revisar hasta el último peso.

En este entramado aparece Jesús Octavio García González, quien fue representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg y posteriormente llegó a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área estratégica para las contrataciones.

También figura Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exfuncionario del instituto, investigado por transferencias bancarias provenientes de empresas proveedoras, registradas como préstamos y viáticos.

Demasiadas coincidencias para no investigar.

Y demasiados millones para conformarse con una renuncia.

Además, la relación personal de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas quedó expuesta mediante videos y reportajes sobre convivencias familiares, incluido un viaje a París de un hijo de la consejera presidenta.

Obviamente una amistad no constituye delito.

Pero cuando los amigos hacen negocios millonarios con la institución que uno preside, la amistad deja de ser un asunto exclusivamente privado.

Por eso existen las reglas sobre conflictos de interés.

Aunque algunos funcionarios parecen descubrirlas cuando ya tienen las maletas en la puerta.

Ahora bien, la parte política de esta historia también merece atención.

El sábado 24 de octubre Taddei comunicó a sus compañeros del INE que no renunciaría. Según versiones periodísticas, consideraba las acusaciones parte de un golpeteo político y confiaba en que el escándalo perdiera fuerza.

No fue así.

La presidenta Claudia Sheinbaum llevaba varios días insistiendo en que no debía existir ninguna sombra de corrupción en el organismo electoral. Durante sus giras por Michoacán, sábado y domingo, reiteró su discurso contra la corrupción y los privilegios.

No pronunció el nombre de Taddei.

Tampoco hacía mucha falta.

En política existen mensajes que no necesitan destinatario escrito. Y cuando vienen de Palacio Nacional hasta los silencios suelen interpretarse como órdenes.

El domingo ocurrió lo inevitable.

El INE difundió el comunicado número 460, en el que Guadalupe Taddei anunciaba su decisión de presentar la renuncia este lunes 26 de octubre. Curiosamente, el documento desapareció por un momento de los canales oficiales y después volvió a publicarse.

Ni para despedirse hubo coordinación.

En el comunicado, Taddei explicó que había tomado la decisión después de una profunda reflexión para proteger la estabilidad, credibilidad e independencia de la institución.

También dejó una frase para la posteridad:

“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen”.

Bonita reflexión.

Pero su ciclo no concluyó por agotamiento natural. Se interrumpió cuando las investigaciones y el costo político hicieron insostenible su permanencia.

De los nueve años para los que fue designada, apenas cumplió tres y medio.

Aquí surge una interrogante: ¿La caída fue resultado de una decisión personal o de un acuerdo político para impedir que el escándalo alcanzara mayores dimensiones?

No hay elementos suficientes para afirmarlo. Pero tampoco faltan razones para plantear la pregunta.

Taddei no llegó al INE por generación espontánea. Su designación estuvo acompañada por el respaldo político de Morena, aunque formalmente resultó seleccionada mediante insaculación en la Cámara de Diputados.

Y ahora dirigentes de la oposición exigen que Morena asuma su responsabilidad política.

Jorge Romero, del PAN, advierte que la renuncia no debe servir para colocar a otro perfil subordinado al partido gobernante. Alejandro Moreno, del PRI, exige investigar hasta las últimas consecuencias.

Ambos tienen razón en una cosa: la salida de la consejera no puede convertirse en punto final del expediente.

Aunque tampoco debemos olvidar que los partidos opositores suelen descubrir las virtudes de la autonomía electoral cuando pierden influencia sobre los organismos.

Así funciona la política mexicana.

Por eso el verdadero problema apenas comienza.

El INE está en pleno proceso electoral federal 2026-2027. Ricardo Monreal anticipa varias semanas para resolver la sustitución de su presidencia. Y el grupo gobernante tendrá una nueva oportunidad para influir en la integración de uno de los órganos más importantes del sistema democrático.

¿Se buscará un perfil verdaderamente independiente o uno políticamente confiable para Morena?

Esa será la siguiente batalla.

Y mientras los diputados negocian nombres, cuotas y equilibrios, las investigaciones deben continuar. También en Sonora, donde comenzó la relación de estas empresas con el sistema electoral y donde habría que revisar contratos, adjudicaciones y funcionarios que participaron en aquellas decisiones.

No se trata de condenar anticipadamente a Guadalupe Taddei ni a los empresarios señalados. La presunción de inocencia debe respetarse. Se trata de esclarecer si existió una red de intereses que convirtió las compras electorales en un negocio privilegiado.

Porque sería verdaderamente lamentable que el organismo encargado de garantizar elecciones limpias terminara exhibido por posibles negocios sucios.

La renuncia de Taddei puede cerrar una crisis política inmediata. No necesariamente la crisis de credibilidad del INE.

Y tampoco elimina las responsabilidades administrativas o penales que pudieran encontrarse.

El bisturí debe llegar hasta el fondo.

Sin importar cuántos empresarios, funcionarios o políticos aparezcan en el camino.

Porque si todo termina con una renuncia y el reparto de una nueva presidencia, entonces el mensaje será muy claro: en México se puede perder el cargo, pero conservar la impunidad.

Y eso sí sería un extraordinario negocio.

Para unos cuantos.

Con cargo a la democracia.