La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como un “ejercicio de austeridad y fortalecimiento democrático”, algo prometido desde hace muchos años. Con el PT y el PVEM cerrando filas el día de ayer para construir la propuesta junto con Morena, el debate se ha concentrado en el rediseño político del sistema, como la reducción de legisladores plurinominales y el uso de coaliciones, sin atender de manera frontal los problemas estructurales que siguen debilitando, y mucho, la legitimidad de los procesos electorales.
En los últimos años se ha planteado que una reforma electoral debe simplificar reglas y reducir costos institucionales. Pero estamos obviando algo muy importante: las propuestas en discusión no incorporan mecanismos tecnológicos suficientes para cerrar los espacios de opacidad que persisten en el sistema.
El principal problema del sistema electoral no está solo en la ley, sino en su operación. Persisten prácticas ilegales documentadas por autoridades y observadores, como la compra de votos, los acarreos, el uso clientelar de programas sociales y esquemas de financiamiento opacos. Estos factores, evidentemente, anulan la ya de por sí baja confianza ciudadana.
De acuerdo con lo anterior, la reforma electoral no enfrenta el problema central. No combate de manera efectiva el dinero ilegal, la corrupción, la opacidad ni la manipulación del proceso.
Sin tecnología de fiscalización y control, cualquier reforma se va a quedar corta.
La tecnología debe ser un componente obligatorio del sistema electoral. Auditoría digital de campañas, trazabilidad del financiamiento, cruces automatizados de datos, detección temprana de irregularidades y reducción del margen de discrecionalidad política son condiciones mínimas para procesos creíbles.
La tecnología ya existe, y cualquiera puede acceder a ella. Sistemas de análisis de datos permiten identificar patrones atípicos de gasto, cruces entre proveedores, candidatos y estructuras partidistas, así como flujos financieros que no corresponden con la capacidad económica declarada. Países que han avanzado en fiscalización electoral digital muestran que la automatización reduce la discrecionalidad y acota la intervención de operadores políticos.
Un Instituto Nacional Electoral fuerte y autónomo sigue siendo indispensable, aunque sabemos que esto no es una prioridad para el gobierno en turno. Esa autonomía debe fortalecerse con tecnología de punta. Monitoreo en tiempo real del gasto electoral, sistemas de fiscalización apoyados en inteligencia artificial y modelos capaces de identificar patrones anómalos de financiamiento antes de que el daño sea irreversible.
La democracia del siglo XXI ya no se puede sostener solo con discursos ni con reformas diseñadas desde cúpulas de poder. Se sostiene con instituciones sólidas, reglas claras, transparencia verificable y tecnología aplicada de manera efectiva.
El debate de la reforma electoral no debería girar únicamente en torno al número de legisladores o a la ingeniería de las coaliciones; eso es el famoso “atole con el dedo”. El verdadero cambio está en pasar de un sistema basado en confianza política a uno basado en verificación tecnológica.
Mientras los procesos electorales sigan dependiendo más de operadores políticos y de acarreados que de sistemas objetivos de control, la confianza se seguirá debilitando. Por eso, la tecnología no solo debe ser un complemento de la reforma electoral. Debe ser su eje central.
