Por Aurelio Contreras Moreno
Junto con la cantaleta del “fin de la corrupción”, durante el informe de labores presentado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el pasado fin de semana se puso especial énfasis en una supuesta reducción en los índices delictivos en la entidad.
En el comunicado oficial, se señaló que sobre acciones específicas de violencia, “el mensaje es claro: los que solapaban a los criminales ya se fueron, quien atente contra la vida de una persona o violente la ley enfrentará, invariablemente, el castigo que la misma le tiene reservado. En Veracruz, ya se acabó la impunidad”.
Y según el mismo boletín, “de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva en Veracruz tuvo una disminución, de enero a agosto, del 20.82 por ciento; con un promedio de 407.76 delitos por cada 100 mil habitantes en comparación con los 515 en el mismo periodo de 2018”.
Pero al parecer en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tienen los mismos datos que en el gobierno estatal, o por lo menos se interpretan de diferente manera.
Este miércoles 20 de noviembre, el SESNSP dio a conocer su reporte del Índice de Incidencia Delictiva a nivel nacional, con corte al 30 de octubre. Y los datos sobre la criminalidad en la entidad no son nada halagüeños para las autoridades veracruzanas.
Entre enero y octubre de 2019 se han cometido 42 mil 441 delitos en territorio veracruzano. Y resulta que octubre ha sido, después de marzo, el mes en el que más ilícitos se denunciaron –porque no hay que perder de vista que estos registros se arman a partir de lo que se denuncia ante las fiscalías-, con un total de cuatro mil 507. En septiembre se cometieron cuatro mil 191. ¿En qué momento se redujo la incidencia delictiva, como afirman?
En diez meses, se perpetraron mil 849 homicidios en Veracruz, de los cuales mil 173 fueron dolosos y 676 culposos, lo que claramente indica que la violencia no está reduciéndose bajo ninguna interpretación realista.
En materia de secuestros tampoco hay nada qué presumir. La cifra hasta el corte de hace 20 días es de 272 plagios, que constituyen uno de los peores delitos contra la integridad patrimonial, física y emocional de las personas.
En cuanto a feminicidios, la cifra oficial hasta el 30 de octubre es de 147. En este caso particular, es de destacarse que se registra una reducción notable en su número respecto de meses anteriores, lo cual, más que dar tranquilidad, levanta sospechas sobre cómo esté reportando estos crímenes ante el SESNSP la Fiscalía General del Estado, donde la consigna ha sido, desde que se impuso a la actual encargada, maquillar y ocultar cifras.
El mayor concentrado de ilícitos se encuentra en la categoría de delitos contra el patrimonio, rubro en el que se cometieron 23 mil 803 transgresiones, de las cuales 16 mil 689 corresponden al robo en sus diferentes modalidades. Hechos que sin duda afectan seriamente la vida de los ciudadanos comunes, cada vez más dispuestos a tomar la justicia en sus manos ante la incapacidad de las autoridades, que creen que con simular honestidad, ya la libraron.
Los veracruzanos tenemos otros datos.
Pedradas
Y mientras el gobernador Cuitláhuac García salía a congratularse con la descarada e ilegal imposición de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU también criticó su desaseada designación.
A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puntualizó que “el proceso de designación de la Presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”.
“El actuar autónomo e independiente son criterios que deberán guiar el trabajo de la institución nacional de los derechos humanos”, enfatizó la Oficina de la ONU, que agregó que su Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, examina y analiza periódicamente el cumplimiento de dichos criterios en los organismos defensores de cada país.
El costo de la soberbia presidencial sigue aumentando.
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