Tensiones

Cicuta

Jaime Flores Martínez

Miércoles 3 de junio del 2026.- Atascada entre la violencia imparable y el desprestigio excesivo, la autoridad de Sinaloa también debe enfrentar especulaciones surgidas de versiones no confirmadas.

¡Hasta las mentiras resultan creíbles!

El asunto viene a cuento pues durante la tercera semana de mayo, se regó la versión del ácido enfrentamiento entre el saliente comandante de la IX Región Militar, general Santos Delgado Soto y la gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde.

Aunque esta última salió a desmentir esa versión, fueron muchísimos los que calificaron de “cierto” el supuesto encontronazo entre el militar y la gobernadora.

Fueron varios los portales y columnas políticas que difundieron el supuesto enfrentamiento entre ambos.

Según esos reportes, el mando militar habría acusado a la mandataria de formar parte del Cártel de Sinaloa y después solicitó su cambio de adscripción.

Apenas se divulgó esto, la gobernadora salió públicamente a negarlo y las calificó como “falacias”.

En relación al sentir social en Sinaloa ya nadie distingue dónde termina el gobierno y dónde comienza el miedo.

La entidad parece una oficina alterna del crimen organizado con membrete oficial.

Incluso, hay quien considera que las balaceras dictan la agenda pública.

Por eso resultaría demoledora de ser cierta la versión sobre el choque entre esos personajes, y no por el insulto y tampoco por el tono. Lo demoledor no sería necesariamente por la supuesta frase sobre el cártel, sino porque el verdadero terremoto aparecería en otro punto.

Baste centrar la atención sobre el militar de alto rango que habría perdido la paciencia frente al grupo político construido por Rubén Rocha Moya, y eso lo cambia todo.

La narrativa cayó por su propio peso al comenzar los señalamientos desde Estados Unidos contra personajes cercanos al círculo de Rocha Moya. Después llegaron las licencias, las sustituciones improvisadas y el espectáculo grotesco de una administración estatal que parece operar bajo control de daño permanente.

No hay duda que la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina jamás transmitió autonomía.

El Congreso local la colocó en el cargo como una extensión política del rochismo. Nadie observó ruptura.

Nadie detectó distancia y nadie creyó en independencia institucional.

Ahora aparece la versión explosiva que señala que un general del Ejército mexicano habría encarado directamente al grupo gobernante.

Si eso ocurrió, entonces el conflicto dejó de ser político y entró al terreno de la descomposición institucional.

Positivo

Qué bueno que los legisladores bajacalifornianos buscan integrarse a las políticas públicas implementadas desde la presidencia de México.

Resulta que el domingo pasado en la Cámara de Diputados de Baja California, se presentó una iniciativa de modificación a la ley que busca ajustar el salario de los servidores públicos del Estado, de tal forma que ningún funcionario perciba un sueldo mayor al que devenga el ejecutivo estatal.

También se contemplan ajustes a las pensiones y paralelamente a los beneficios extra que reciben.

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