José Alberto Sánchez Nava
-Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
Parte II, artículo 7, literal 2, inciso h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional-
1.- Durante el transcurso de las últimas cuatro décadas, hemos sido testigos de los vaivenes políticos y sociales que marcan la historia de nuestro país. Sin embargo, hay temas que, lejos de perder relevancia con el tiempo, cobran una urgencia aún mayor. En este contexto, las implicaciones sociales derivadas de la compra y alteración del sentido del voto ahora con la intervención del crimen organizado en colusión con la clase gobernante, constituyen, sin lugar a dudas, un crimen de lesa humanidad, equiparable al apartheid.
2.- La mercantilización de la voluntad ciudadana tiene como consecuencia que cuando el derecho fundamental a votar se ve socavado por la influencia del dinero ilícito y la manipulación institucional en colusión con el crimen organizado, la esencia misma de la democracia se desvanece. La pobreza, producto de un sistema injusto, se convierte en caldo de cultivo para la compra del voto, convirtiendo así la voluntad ciudadana en una mercancía. Pero más allá de la transacción monetaria y delincuencial, la alteración de resultados electorales constituye una afrenta a la democracia, donde la voz del pueblo es subyugada por intereses ajenos al bien común.
3.- El derecho al voto es un pilar de la democracia y la comunidad internacional reconoce el derecho al voto como un principio fundamental de la democracia. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, se estableció claramente que la libre determinación de los pueblos es un derecho inalienable. Sin embargo, en países como México, la compra, inducción y manipulación del voto limitan este derecho, coartando la participación plena de los ciudadanos en la vida política y social.
4.- Sin embargo no debemos perder de vista, que la democracia como garantía de derechos humanos deviene de la reforma constitucional de 2011, que reafirmó el compromiso de México con los derechos humanos, incluyendo el derecho al voto como un principio irrenunciable. La democracia no es solo una forma de gobierno, sino un estilo de vida que garantiza el respeto a los derechos individuales y promueve el progreso social. La vulneración del derecho al voto amenaza no solo la estabilidad política, sino la integridad misma de nuestra sociedad.
5.- El papel de las instituciones en la defensa de la democracia, posiciona al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un ente de mayor responsabilidad en tanto que su función es la de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Sin embargo, su vulnerabilidad ante un excesivo presidencialismo en México el cual pretende dictar intereses de grupo y no de la Nación, pone en riesgo la integridad de nuestros procesos electorales. Ante la posibilidad de un régimen de opresión y dominación, por ello, es crucial que estas instituciones actúen con imparcialidad y firmeza, garantizando la voluntad soberana del pueblo.
6.-De lo anterior se colige, que México se encuentra un riesgo latente para que se detone el crimen de apartheid en las urnas en el próximo proceso electoral de este año 2024, ello es asi, porque la comunidad internacional ha condenado enérgicamente el apartheid como un crimen de lesa humanidad. De manera análoga, la compra y alteración del voto en un contexto de opresión sistemática constituyen una afrenta a la dignidad humana y a la democracia misma. Es hora de reconocer esta realidad y tomar medidas contundentes para erradicar esta práctica que amenaza los cimientos de nuestra sociedad.
7.-En este contexto, la lucha por una democracia auténtica, debe ser reclamada y defendida por la sociedad civil en coordinación con los medios de comunicación y las organizaciones internacionales para que de forma conjunta se unan en la lucha por una democracia auténtica y transparente en el próximo proceso electoral en México de este año 2024. La educación cívica y el fortalecimiento de nuestras instituciones son herramientas fundamentales en esta batalla contra la corrupción y el abuso de poder.
8.-La importancia de la participación ciudadana nos debe alentar y concientizar que cada voto cuenta, y cada ciudadano tiene el poder de influir en el rumbo de nuestro país. Es fundamental que nos informemos, que participemos activamente en la vida política y que exijamos cuentas a nuestros representantes. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
9.-En última instancia, debemos hacer un llamado a la acción de la sociedad en contra del crimen de apartheid en las urnas, el cual no es solo un problema de México, sino un desafío global que afecta a todas las democracias del mundo. Es hora de unirnos en la lucha por la justicia y la libertad, y de reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos que tanto nos costó conquistar.
