Legisladores integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, aprobaron 19 dictámenes en votación económica.
El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Comisión, dijo que algunas solicitudes de información que han realizado a través de dictámenes aprobados anteriormente, están llegando a su plazo concedido, y se han recibido algunos, pero otros no, por lo que la próxima semana empezarán a citar a comparecer a los funcionarios que no hayan contestado.
Los legisladores –diputados y senadores–, debatieron el dictamen aprobado que solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe, en un plazo no mayor a 15 días, sobre el estado que guarda la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/260/2014, referente al crédito otorgado por Banobras a la empresa Rotary Drillrigs International (Rodisa) S.A de C.V.
Verónica Martínez Espinoza, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que los legisladores no son parte de una averiguación previa, porque son de secrecía, y sólo participan el imputado, su defensor y el ministerio público en representación del ofendido. Señaló que no se le debería dar trámite al dictamen porque jurídicamente es inviable; “aunque políticamente pareciera que nos oponemos a la transparencia, pues es más vergonzoso que como abogados, algunos de nosotros, aprobemos algo en lo que no tenemos la razón jurídica”.
La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que su Grupo Parlamentario apoyaría el dictamen, aunque lo consideran un despropósito; y subrayó que los legisladores no son parte de la averiguación, sino representantes de la Nación. “Nos debería dar vergüenza pública; sin embargo, votaremos a favor, con la reserva, y que se sepa, lo votamos a favor porque sabemos que es político, pero que jurídicamente es un despropósito”, remarcó de la Torre.
Dolores Padierna Luna, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que no le parece un despropósito hacer la solicitud de información, porque se dieron tres contratos a la empresa, en 2012 y 2013, y no existen los pozos que tendría que haber construido con dinero público. “Es sumamente grave, porque si no hay obra y no hay pago del crédito, entonces se trata de un fraude al país; y es esto lo que está en el fondo”, refirió la senadora.
La diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó que se trata de recuperar el dinero invertido porque es parte del Presupuesto, donde los legisladores sí tienen injerencia.
Además, propuso que la información se solicitara de manera inmediata, y no en un plazo de 15 días como se establece en el dictamen, pero los integrantes de la Tercera Comisión rechazaron modificar el documento.
El diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que la divulgación de las diligencias dentro del curso de la investigación, sin que se haya emitido una determinación final, representa un riesgo real en el perjuicio de los investigados.
