Redacción, MX Político.- La Legislatura mexiquense acordó la comparecencia de Jorge Olvera, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y del fiscal general Alejandro Gómez, para que informen sobre el desalojo violento de mujeres activistas de las instalaciones de la Visitaduría Adjunta de Ecatepec, el pasado viernes 11.
“Para Morena es inaceptable la actuación de estos organismos autónomos; aplicaron la fuerza pública para lesionar, lastimar, reprimir los derechos humanos de la ciudadanía, en lugar de dialogar. El deber de las autoridades es atender las demandas y exigencias de la población para darles solución”, planteó el diputado Julio Hernández, promotor del llamado y presidente de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos.
Señaló que, desde el punto de vista de la bancada, “no queda claro de qué manera se estaba dando seguimiento a las peticiones formuladas por las activistas, ni qué autoridades participaron en las negociaciones, ni tampoco en qué momento se rompió el diálogo que tuvo como resultado el desalojo violento de las personas que se encontraban al interior de las oficinas de la Codhem Ecatepec y, más aún, quién ordenó el desalojo”.
El Estado de México, abundó, es uno de los más afectados por la violencia de género y los feminicidios, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Codhem deben enfocar sus esfuerzos para combatir estos flagelos, mediante una actuación que debe ceñirse al marco jurídico internacional y nacional, sin agravar más la situación de las víctimas, atacar a las activistas o criminalizar la protesta social.
El legislador recordó que el pasado jueves 10, mujeres de la red “Manada Periferia” tomaron de manera pacífica las oficinas de la Codhem Ecatepec, replicando lo ocurrido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y homólogas locales en Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla, debido a que México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra niñas y niños, y hay 10 desapariciones de menores diarias, pero nadie hace nada, no hay políticas públicas y las víctimas siguen indefensas.
Y, tras recordar que el presidente de la Codhem sostuvo que las exigencias de los colectivos feministas no tenían que ver con la institución que él preside, añadió: “para que nos demos cuenta del desfiguro… cualquier petición relacionada con la presunta violación a los derechos humanos cometida por autoridades de nuestra entidad, debe ser escuchada por la Codhem”.
A través de Twitter, el morenista destacó que la Fiscalía dio a conocer que el desalojo se hizo “conforme a derecho”, a petición de la Codhem, mientras en redes sociales se denunciaba la desocupación violenta y el traslado de las detenidas en camionetas no oficiales, sin logotipos, a un lugar indeterminado, además de incomunicación e incluso ataques de agentes policíacos en contra de periodistas que se encontraban frente al Centro de Justicia de Atizapán, a donde fueron llevadas las personas detenidas.
“(La Codhem y la FGJEM) Se echan la bolita”, lamentó el promotor del punto de acuerdo, avalado por unanimidad, de obvia y urgente resolución. Se adhirieron las bancadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), al considerar que esos hechos son reflejo del drama que sufren las mujeres que no han tenido acceso a la justicia plena.
Al comparar la represión con el caso Atenco, el petista Armando Bautista propuso que también informen sobre los hechos el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, y la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, además de investigar a quienes ordenaron el desalojo y que el gobernador Alfredo del Mazo detalle las medidas implementadas en la entidad para frenar la violencia hacia las mujeres, lo que también fue avalado de manera unánime.
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