La insoslayable brevedad
Javier Roldán Dávila
En la nueva normalidad habrá sentenciados por falta de pruebas
Respecto del agravamiento de la pandemia de COVID19 en México, como es usual en nuestros días, se ha generado un debate de escaso nivel.
Como sociedad, estamos tan polarizados que hemos visto al gobernador de Jalisco pendejear a los ciudadanos que no acatan las reglas de sana distancia y por el otro, los abogados oficiosos de la 4T, eximiendo de cualquier responsabilidad al gobierno federal.
En este sentido, lo conveniente es asignar a cada segmento las tareas que le tocan cumplir.
Por un lado, la sociedad toda, debe aceptar las medidas de mitigación que recomiendan las autoridades, lo cual conlleva el rechazo a consejos estrambóticos para aplicarse remedios milagrosos y, sobre todo, no replicar información que no provenga de fuentes oficiales.
En cuanto al gobierno federal, como principal garante del Pacto Social y por tener el gran tajo presupuestal, le corresponde supervisar que las medidas se cumplan, lo cual implica, proporcionar los elementos materiales a los sectores que no tengan ingresos fijos y apoyar con un plan de contingencia económica, a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde luego, es del tramo de control de la federación, mantener en las mejores condiciones el Sistema de Salud Pública y dar los recursos, sin cortapisas, para paliar el mal, por ejemplo, hacer pruebas masivas. Todo lo anterior, sólo se trata de aspectos fundamentales.
