Luego del “affaire” de sus promocionales con imágenes de campaña de AMLO, se revelan ahora algunas “incongruencias” financieras en Sectur.
Redacción MX Político.- La Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal, encabezada por Miguel Torruco Marqués, está siendo señalada de no observar lo dispuesto por la austeridad republicana de la “cuarta transformación”, al suscribir contratos millonarios sin licitación que, entre otras cosas, son para el pago de servicios que contravienen los protocolos del propio presidente de la República, como lo es, el arrendamiento de varias camionetas de lujo extremo, destinadas al servicio de lo que llaman “altos mandos”, para referirse a servidores públicos que se encuentran en los niveles más altos del organigrama.
En el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sectur, del pasado mes el pasado 27 de febrero, está asentado que fueron adjudicados de manera directa y al margen de cualquier justificación con respecto a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones gubernamentales, más de 4 contratos, por más de 43 millones de pesos, que amparan pago de servicios de combustible con “chip” a vehículos oficiales, mantenimiento preventivo y arrendamiento de vehículos a todo lujo para “mandos superiores” de esa dependencia:
Este contrato, por un monto de hasta 4 millones de pesos, para “arrendamiento de vehículos para servidores públicos y servicios administrativos” de esa dependencia, contempla 6 camionetas ejecutivas para el traslado de sus altos mandos.
Así mismo, otro contrato sin licitación hasta por 38 millones de pesos, “suministro de combustible del parque vehicular de los carros de auxilio denominados Ángeles Verdes”, que dan servicio en carreteras.
Otro de los contratos, es hasta por un millón 600 mil pesos, para suministro de combustible del parque vehicular de la secretaría.
Destacan los dos primeros, específicamente el alusivo al de la renta de camionetas ejecutivas para el traslado de funcionarios (mandos superiores) de la Sectur, cuando ni el presidente de la República se traslada en vehículos de ese tipo.
De hecho, los lineamientos dictados por el presidente y celosamente vigilados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), establecen que no se deben comprar ni arrendar camionetas para altos mandos; que los únicos automóviles que se deberán arrendar o comprar, son para uso administrativo y que serán vehículos de tipo sedán.
Así se desprende de información contenida en la columna “Serpientes y Escaleras” de este lunes 14, firmada por el periodista Salvador García Soto, del diario El Universal, quien cuenta con una copia fotostática de la referida acta circunstanciada de la sesión en donde se presentaron observaciones hechas a los contratos suscritos por la Sectur, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019; mismos que contravienen también a lo dispuesto por un oficio enviado por la propia SHyCP a todas las dependencias federales en los que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las contrataciones consolidadas, a que obliga la ley hacendaria.
En esa copia del acta de la sesión de Sectur que obra en poder del columnista de El Universal, se aprecian varias advertencias hechas por varios funcionarios del Órgano Interno de Control y de otras áreas de vigilancia, que le fueron hechas al director de Administración de la Sectur, José Alfonso Martínez, en el sentido de que no se podían otorgar contratos hasta diciembre, pero, aun así, se aprobaron.
Significa entonces que en Sectur, los funcionarios pueden hacer excepciones a pesar de lo dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo en materia de austeridad, que señala que ningún funcionario, por muy alto que sea su puesto y su nivel de autoridad, podrán ser trasladados en camionetas de lujo con cargo al erario federal; será en todo caso en vehículos tipo sedán.
Y que la normatividad en materia de “contrataciones consolidadas” está al margen también de lo dispuesto por la SHyCP.
¿Se deberá esto al interés presidencial porque todo lo referente al “Tren Maya” (que es el proyecto insignia de la Sectur este sexenio), deba de implicar excepciones o un trato preferencial para quienes “sudan la gota gorda” en los afanes por consolidar sus proyectos?
¿O será que la palabra presidencial y sus instrucciones son dichas o establecidas para ignorarse? ¿O no tienen peso jurídico suficiente?
hch
