LOS CAPITALES
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Son más de 18 mil trabajadores en ese gremio, quienes están en espera de la rendición de cuentas de su líder, Alejandro Martínez Araiza, quien desde su estructura sindical familiar y opaca, enfrenta serios cuestionamientos por el manejo de recursos financieros y procesos internos, sin supervisión.
Desde su llegada a la dirigencia en marzo de 2019, tras una elección calificada por extrabajadores como irregular, Martínez Araiza heredó el control del sindicato de su padre, Marco Antonio Martínez Armenta, en un proceso donde incluso hubo delegados repetidos en ambas planillas: la del padre y la del hijo. Esta práctica, lejos de reflejar un relevo democrático, dejó en evidencia un mecanismo de simulación que ha perpetuado el control de la misma familia sobre los intereses gremiales.
Más recientemente, la reelección de Martínez Araiza repite patrones preocupantes. La jornada electoral fue realizada en Semana Santa, con planilla única, sin verificación oficial y sin transparencia respecto a los resultados en cada sección sindical. Hasta ahora, no se han mostrado las actas completas de votación ni se ha informado oficialmente sobre el número de trabajadores participantes.
Uno de los puntos más delicados es el manejo del patrimonio sindical. En seis años, se estima que el SNAC ha recaudado al menos 468 millones de pesos en cuotas, además de obtener aproximadamente 10 millones por la venta del edificio ubicado en la calle Héroes y Mina, en la Ciudad de México. Sin embargo, no existen reportes oficiales sobre el destino de estos recursos.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el acta de renovación de dirigencia con fecha del 19 de mayo, exhortó al SNAC a entregar el acta de asamblea con la rendición de cuentas patrimonial, documento que aún no ha sido presentado.
Además, hay cuestionamientos sobre otras operaciones financieras que involucran al dirigente: la pérdida de 10 millones de pesos en una fallida inversión en Estados Unidos, presuntamente ligada a la fundación Non-Violence; el costo mensual de su seguridad personal, incluyendo escoltas armados; la renta de oficinas en la exclusiva Torre Omega de Polanco, así como la operación de un negocio de telefonía móvil para agremiados, cuyos ingresos tampoco han sido transparentados.
La ausencia de información detallada sobre los activos fijos del sindicato y sobre quiénes autorizan los movimientos financieros en el interior del SNAC refleja un modelo de gestión contrario a los principios de rendición de cuentas que exige el sindicalismo actual.
En este contexto, se vuelve indispensable que las autoridades laborales refuercen la supervisión y garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores, especialmente ante la relevancia que estas prácticas pueden tener frente a acuerdos internacionales como el capítulo laboral del T-MEC.
Mientras tanto, más de 18 mil trabajadores siguen sin respuestas claras sobre el destino de su patrimonio sindical.
Avanza Puebla en tipificar el ciberacoso como delito.
La reciente reforma al Código Penal del estado de Puebla que tipifica el ciberacoso como delito representa un avance en el reconocimiento de las violencias digitales. Sin embargo, Norberto Maldonado, experto en tecnología y analista de políticas públicas digitales, señala que, aunque necesaria, esta modificación legal es insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral y con garantías claras para la libertad de expresión.
“Es positivo que el Congreso de Puebla reconozca el ciberacoso como una forma de violencia. Pero no basta con sancionar; necesitamos una respuesta más robusta, moderna y con enfoque en derechos digitales”, apunta Maldonado.
En medio de las preocupaciones expresadas por periodistas, académicos y ciudadanos que advierten que la ley podría abrir la puerta a la censura o criminalizar la crítica legítima en redes sociales, Maldonado señala: “es válido y necesario cuestionar cualquier reforma que pudiera vulnerar la libertad de expresión. Tipificar conductas digitales sin definiciones claras o sin parámetros técnicos actualizados puede derivar en interpretaciones amplias que afecten el ejercicio periodístico, la denuncia ciudadana o la libertad crítica.”
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