Día Hábil
Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dar con la verdad y no cumplió ni cumplirá, como en otros temas.
Y no lo hará porque prefiere proteger al Ejército y sus abusos -que, cuando candidato, señalaba todos los días y advertía que acabaría con ellos-, que no fallar a los familiares de los estudiantes, a los que utilizó durante su campaña en 2018 sólo para ganar votos.
Cinco años después de estar en la presidencia se ha convertido en todo lo que juró combatiría… o peor.
Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, llamado Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes e hizo acusaciones al Ejército y a la Marina, algunas nuevas.
Confirmó que se irá, que no hay más que hacer, porque no tienen acceso a la información ni a los expedientes, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no lo permite pese a que el gobierno federal lo prometió.
Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos últimos miembros del GIEI en México, grupo integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciaron en conferencia que su trabajo ha concluido, porque ya no hay hacia dónde ir.
Andrés Manuel protege a tal grado al Ejército y a la Marina que permitió el espionaje al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, luego de que éste en su calidad de presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyera que las fuerzas armadas mexicanas sí participaron en la desaparición y ejecución de los estudiantes, en un afán por confirmar el dicho de López Obrador en campaña, de que fue un crimen de Estado.
Esa verdad, que coincide con la verdad histórica del cansado procurador Jesús Murillo Karam en cuanto a la muerte de los jóvenes, pero no en la implicación de soldados y marinos, es y será la única, la que prevalecerá.
Y pese a que señaló a una veintena de militares y al general José Rodríguez Pérez, sólo éste y el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Ochoa y el sargento Eduardo Mota fueron detenidos en ese momento.
Las órdenes de aprehensión se cancelaron entonces, hasta que apenas en junio pasado fueron reactivadas y los militares acusados detenidos.
Esas conclusiones molestaron al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, que autorizó el espionaje vía teléfono celular de Encinas Rodríguez, con el uso del software Pegasus, que, según la empresa israelí NSO, desarrolladora y comercializadora de éste, sólo pueden comprar instituciones gubernamentales como ejércitos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado para indagar al crimen organizado y al terrorismo.
INTERVINO CRESENCIO
Según el hackeo al sistema de la Sedena por el colectivo llamado Guacamaya Leaks, altos mandos militares operaron para tratar de exculpar a las fuerzas armadas del caso Ayotzinapa.
Los documentos obtenidos de correos electrónicos muestran hasta una carta de Cresencio Sandoval a López Obrador para defender al capitán José Martínez Crespo, el primer militar encarcelado por la desaparición de 43 normalistas.
Incluso pide aleccionar a los militares para su declaración y convencer a los expertos de la CIDH de que no fue un crimen de Estado.
Es evidente cómo López Obrador prefiere mantener contento al ejército, en el que se ha sentado para gobernar, que cumplir a los padres de familia.
Los expertos del GIEI también señalan a la Marina, aunque aseguran que no participó la noche de la desaparición –viernes 26 de septiembre para amanecer el sábado 27- sino inmediatamente después. Acusa a los marinos de haber torturado a algunos de los detenidos, principalmente del grupo Guerreros Unidos.
Unos cuantos militares detenidos, pero hasta ahí.
Qué pena la forma como se utilizó a los padres de los normalistas políticamente. Algunos ya hasta han muerto.
No son iguales, son peores.
Vámonos: ¡Ah, cómo defiende Andrés Manuel al negligente Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, pese al millón de muertos por Covid-19 y a la escasez de medicamentos, además de la extinción de la norma oficial para la atención de una veintena de enfermedades graves, incluidas mentales!
Ridículo observar al farsante epidemiólogo como, al borde del llanto, escucha al ocupante de Palacio Nacional alabarlo y asegurar que el pobre es víctima de una campaña.
Sí, seguro, pobre hombre.
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