Por Aurelio Contreras Moreno
A pocas semanas de su salida de la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares sigue buscando cómo cubrirse las espaldas a través de decretos y designaciones opacas.
Este martes fue instalado el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, integrado por un grupo de personas provenientes de diferentes ámbitos profesionales, todas a invitación expresa del propio gobernador Yunes Linares.
Hay que recordar que el pasado 27 de agosto, el titular del Ejecutivo veracruzano expidió un decreto para crear dicho Comité Ciudadano. Decreto sacado de la manga, pues en ningún ordenamiento legal vigente se contempla y menos se exige la integración de una figura con estas características para participar en el proceso de entrega-recepción de la administración estatal.
La justificación del régimen yunista fue que “a fin de que el protocolo de entrega y recepción se realice con la mayor transparencia y rendición de cuentas posibles, aunado a todas las acciones realizadas por el Gobierno del Estado para una entrega ordenada y clara, la presente Administración Pública (sic) tiene interés de incorporar en el proceso de entrega y recepción (sic) a la ciudadanía, a fin de que los veracruzanos cuenten con los instrumentos y los canales institucionales para mantenerse informados sobre el estado en que se transmite el Poder Ejecutivo Estatal”.
Sin embargo, en el mismo decreto se le impide al Comité cualquier posibilidad de ser un instrumento de rendición de cuentas y transparencia. Para empezar, sus trabajos serán coordinados por la Contraloría General del Estado, por cuyo conducto “se realizarán todas las comunicaciones necesarias para que pueda realizar sus funciones. Lo anterior, sin perjuicio de que los miembros del Comité puedan solicitar informes y participar como observadores en las reuniones que se celebren con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Estatal”. Desde ahí, no hay autonomía en sus trabajos.
Pero en el artículo 5 del decreto se establece de manera explícita la intención de mantener en la opacidad el proceso: “los integrantes del Comité tendrán la obligación de guardar estricta reserva y confidencialidad sobre los documentos, actuaciones, observaciones o información de que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que no tengan carácter de públicos o sean datos personales, de conformidad con el marco normativo de transparencia, acceso a la información pública y datos personales”.
O lo que es lo mismo: los integrantes de este Comité Ciudadano –cuya independencia está comprometida de origen, al haber llegado al organismo vía invitación directa del gobernador- serán meros observadores de piedra de lo que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares considere que debe ser público en la entrega de la administración estatal, contraviniendo por completo los principios de máxima publicidad previstos en la Constitución General de la República en esta materia. Un contrasentido y un despropósito que, por otra parte, van cargados de jiribilla.
El Comité Ciudadano se integra mes y medio antes de que inicie formalmente el proceso de entrega-recepción de la administración saliente a la entrante, el cual iniciará el próximo 1 de noviembre. Y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal, aquí no se está llevando a cabo una transición “de terciopelo”. Por el contrario, en Veracruz hay rispidez, acusaciones y amagos de procesos judiciales futuros.
Sin entrar al fondo de los merecimientos que pudieran o no tener los “invitados” del gobernador para formar parte de su Comité –algunos bastante cuestionables-, más pareciera que lo que se busca es un organismo que desde la “ciudadanía” avale y calle ante cualquier “enjuague” que se esté urdiendo en las entrañas del gobierno yunista de cara a su salida del poder.
Y de ahí la exclusión en este proceso de órganos ya constituidos que bien podrían desempeñar una función de verdadera vigilancia y transparencia, como el propio Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, que fue integrado bajo un proceso de escrutinio en el Congreso del Estado, en el que incluso existió debate y disenso.
Pero aquí la intención es sacar adelante una transición amordazada y opaca. Por lo que pueda venir.
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