Redacción MX Político.- Ante los cuestionamientos de autoridades mayas de Yucatán sobre ciertos aspectos del Tren Maya, el arquitecto Enrique Ramírez Escobedo, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró: “No va a haber (empresas) extranjeras”.
Lo dijo a pesar de que Senermex, la filial de la empresa española Sener en México, encabeza el consorcio de empresas que en agosto pasado obtuvo el contrato de 298.9 millones de pesos para elaborar el estudio de ingeniería básica del megaproyecto.
Minutos antes, Hilda Díaz, una habitante de la región de Tixpehual, municipio ubicado a 20 kilómetros de Mérida, había expresado su temor de que “inversionistas extranjeros, privados”, acaparen los beneficios del Tren Maya, y que las poblaciones locales sólo sirvan de “empleados o como albañiles o trabajadores” en el proyecto, lo que fue seguido de un trueno de aplausos en la asamblea convocada para escuchar sobre el megaproyecto, reportó apro.
“Inicialmente queríamos hacerlo en Asociación Público-Privada (APP), con inversionistas extranjeros, porque tienen más recursos que muchas empresas mexicanas, pero esto se acabó; lo vamos a hacer por la ley de obras públicas. El recurso ya está en el gobierno y no va a haber extranjeras”, contestó el representante del Fonatur.
Un joven comisario de Motul, lúcido, subrayó que el tren no atravesará su región, por lo que su comunidad no gozará de sus presuntos beneficios del tren. “Se nos invitó a este (acto) para sacar provecho de nuestra opinión, para que promovamos (el tren) en nuestra comunidad”, y abundó: “Queremos que realmente nos beneficie, que la mano de obra tiene que ser la de aquí”.
Este viernes, durante más de tres horas, ese municipio yucateco fue el teatro de una de las 15 reuniones de información sobre el Tren Maya que el gobierno federal organizó en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en el marco de su proceso de consulta indígena –cerca de un año después del arranque del proyecto–. En dos semanas las comunidades entregarán al gobierno federal sus observaciones sobre el proyecto.
En la cancha de baloncesto, funcionarios federales presumieron los mil 425 kilómetros del Tren Maya, su tecnología moderna y sus 18 estaciones –o “polos de desarrollo”–, así como la promesa de que este servicio de transporte detonará el desarrollo del sureste mexicano mediante un incremento de la actividad hotelera, comercial y de servicios.
Sin embargo, las observaciones de los comisarios y otros representantes de comunidades evidenciaron que, más allá del Tren Maya, existen necesidades más apremiantes en la región, principalmente en materia de infraestructura y de empleo.
Durante la extensa sesión de preguntas y respuestas, algunos expresaron dudas sobre el proyecto y sus efectos, y otros señalaron que sus comunidades quedarían excluidas de los supuestos beneficios del Tren Maya, dado que, según los mapas exhibidos, la máquina pasará lejos de sus regiones.
“La ruta se hizo para las comunidades más grandes, no se puede para todos”, confesó Ramírez, y añadió que “en otra etapa podríamos hacer ramales”. Abundó: “Este proyecto no es del gobierno, es de ustedes”.
Un comisario de Molas preguntó si las tiendas en las estaciones del tren “realmente apoyarán a los verdaderos artesanos, o a los revendedores”, ya que “los que más ganan de las artesanías son los revendedores del centro de Mérida”. Ramírez se quedó sin respuesta: “Nosotros ponemos la infraestructura, (lo demás) serían acuerdos internos de las comunidades”, dijo.
Varias autoridades indígenas resaltaron su preocupación respecto a las viviendas que colindan con las vías del tren y que serán demolidas para permitir el paso de los vagones. Ramírez contestó que, según un censo realizado el año pasado, existen más de 2 mil 300 registros de “invasión de vías” y que las autoridades darán un trato diferenciado a los ocupantes de dichas viviendas.
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