Por Alejandra Del Río
En un escenario político que parece más un guion de realismo trágico que la vida pública de una nación, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desplegado en las últimas semanas una serie de acciones que, paradójicamente, lo colocan como uno de los actores más determinantes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. Y no porque le preocupe profundamente nuestro sistema judicial o el bienestar de la sociedad mexicana, sino porque su propia agenda interna ha decidido que los cárteles mexicanos son un problema de seguridad nacional para su país.
Trump no se ha limitado a declaraciones altisonantes. Ha dado un paso más allá al clasificar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, autorizando al Pentágono operaciones militares en mar y tierra extranjera. El mensaje es claro: Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza —y no sólo la diplomática— para golpear la estructura criminal que lleva décadas infiltrada en ambos lados de la frontera.
La estrategia de Trump no se limita a la retórica ni a las sanciones simbólicas. La presión comercial y diplomática ha surtido efecto: en lo que va del año, México ha extraditado a decenas de capos y operadores de alto nivel. En agosto fueron 26 figuras relevantes del narcotráfico las que fueron entregadas a Estados Unidos, en febrero otras 29, entre ellos Rafael Caro Quintero. A esto se suman las acciones del Departamento de Justicia norteamericano, que ha presentado cargos penales contra líderes de Carteles y ofrecido recompensas millonarias por su captura, mientras el Departamento del Tesoro congela activos y sanciona a sus redes financieras.
Se acuerdan que hace un año antes de que entrara el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, según López Obrador no existía un solo laboratorio de fentanilo en México y 11 meses después García Harfusch oficialmente ha desmantelado mas de 600, ¿les parece casual? ¿Se generaron todos magicamente en este sexenio, o nos mintieron 6 años en las mañaneras? Casualmente comenzo el Gobierno de Trump con sus agresivas amenazas arancelarias y empezaron a caer narcos, a desmantelarse los otrora inexistentes laboratorios, a entregarse capos, a negociar con las autoridades de Estados Unidos.
Implícitamente el gobieno de Claudia Sheinbaum nos ha dado razones sobradas para que la agobiada opinión pública mexicana, tenga mas de. 600 razones para pensar que el gobierno de López Obrador, protegió a los carteles, defendió a los narcos y engaño a los mexicanos con su “pacifista” política del –abrazos no balazos–
Al mismo tiempo, Washington ha puesto la mira en políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, cancelando visas y presionando para que enfrenten procesos judiciales, aunque doña Claudia lo niegue cada vez que se lo preguntan. El resultado es incómodo para el gobierno mexicano: la lucha frontal contra los narco-políticos se impulsa claramente mas desde fuera, que desde las instituciones nacionales.
Lo que incomoda de esta realidad no es sólo que el combate más visible contra los cárteles y la corrupción provenga de un gobierno extranjero. Es el contraste con la parsimonia de nuestras propias autoridades. Mientras en México los casos de colusión, impunidad y enriquecimiento ilícito de funcionarios se archivan, se manipulan, se olvidan, o simplemente se perdonan, en Estados Unidos se abren expedientes, se congelan cuentas se retiran visas y se exige la entrega de responsables.
No es un asunto de patriotismo mal entendido; es un problema de redindición de cuentas, de sensatez y de eficacia. Lo que hoy debería ser un mandato nacional —romper las redes de complicidad entre crimen organizado y política— está siendo liderado por un presidente extranjero, con intereses que no necesariamente incluyen el fortalecimiento institucional de México, pero que tiene el poder suficiente como para que las cosas realmente pasen en nuestro país, no se escucho a los periodistas que exhibieron los escándalosos casos de colusión y complicidad de la autoridad, ni a los íderes de la oposición como Alejandro Moreno Cárdenas, al que están persiguiendo políticamente sin descanso por levantar la voz sobre los evidentes lazos de personajes como Adán Augusto López con el crimen organizado, ni a la opinión pública que ha convocado y salido a marchar tantas veces contra la corrupción y contra la violencia record en los gobiernos morenistas, la escucha forzada vino cuando Donald Trump amenazó con liquidar nuestra economía con tarifas arancelarias sino tomaba cartas en el asunto la Presidenta Sheinbaum, entonces si había laboratorios, entonces si se encontrao los trenes y los buques del huachicol, que por cierto también decía López Obrador se había erradicado en el país, y ni todas las respuestas irónicas de la presidenta en las mañaneras logran borrar que efectivamente en mas de 6 años en este país no se les toco a los delincuentes ni con el petalo de una rosa.
La conclusión es tan dura como evidente: en este momento, el presidente que más está empujando acciones concretas contra la corrupción y el narcotráfico en México no despacha en Palacio Nacional, sino en la Casa Blanca, en Washington.
Esto no habla de fortaleza, sino de la debilidad estructural de nuestro sistema político, donde el combate real al crimen no surge por convicción propia, sino por la presión externa. Y mientras esa siga siendo la realidad, la soberanía será sólo un discurso, y la justicia, un terreno que México cede a otros para que hagan lo que aquí no se quiere o no se puede hacer.
Y ojo por que no todo son narcos, Trump ha puesto su mirada en la clase política mexicana: está presionando para que se investigue, procese y extradite a aquellos políticos ligados al narcotráfico, ¿Resultado? Posible fractura política en Morena y una buena dosis de escándalo nacional.
Ni modo más vale un presidente ajeno que la ausencia de poder ante el crimen organizado.
