UIF indaga presunta red entre siete proveedoras del INE; reportan 70 cuentas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga una presunta red integrada por siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales, por posibles operaciones de simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de empresas factureras para obtener contratos públicos millonarios.

De acuerdo con información difundida por Grupo REFORMA, hay actualmente 70 cuentas bancarias bloqueadas como parte de las indagatorias. Las autoridades federales no han revelado oficialmente los nombres de las empresas ni de las personas sujetas a esas medidas.

La investigación identifica como figuras principales a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionados con Corporativo Zeg, Cajas Graf y otras cinco compañías que han participado en contrataciones electorales desde 2012.

Entre las empresas incluidas en la indagatoria aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Según el reporte, entre 2023 y 2024 la UIF bloqueó más de 400 cuentas vinculadas con 13 personas físicas y siete empresas, dentro de investigaciones financieras sobre proveedores de materiales electorales.

El análisis también considera operaciones con empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habrían recibido recursos de algunas de las compañías investigadas.

“El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras”, señala el reporte citado por Grupo REFORMA.

Las indagatorias alcanzan a personas vinculadas con el equipo administrativo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Entre ellas se encuentra Jesús Octavio García González, director de Administración del Instituto entre septiembre de 2025 y abril de 2026, así como Claudia Espino, quien ocupó la Secretaría Ejecutiva entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026 y es mencionada como investigada por su presunta participación en contrataciones irregulares.

También se revisan licitaciones realizadas en Sonora durante el periodo en que Taddei presidió el organismo electoral estatal. De acuerdo con la investigación, en esos procedimientos se detectaron propuestas aparentemente independientes y alianzas entre sociedades relacionadas que presuntamente buscaban favorecer a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Antes de ser director de Administración del INE, García González participó como representante de Cajas Graf y Corporativo Zeg en diversos procesos de contratación. Grupo REFORMA publicó el 3 de febrero que representó a Corporativo Zeg en la obtención de un contrato cercano a 200 millones de pesos para suministrar urnas, mamparas y marcadores al INE para la elección judicial referida en la investigación.

Pese a esos antecedentes como representante de empresas proveedoras, García González fue designado director de Administración en septiembre de 2025 por Guadalupe Taddei. El 20 de enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control del INE por presunto conflicto de interés y abuso de funciones; en abril de ese año dejó el cargo en medio de señalamientos sobre sus vínculos empresariales.

Otro nombre mencionado es Jonathan Navarrete Torres, contratado desde 2025 como chofer de la presidenta del INE. Según información del Registro Público de Comercio, figura como apoderado de Corporativo Zeg. Aunque aparece en la nómina institucional y está adscrito a la oficina de Guadalupe Taddei, Grupo REFORMA señala que no suele ser identificado en las instalaciones del organismo electoral.