Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez se parece más a Javier Duarte de Ochoa.
Tras detener mediante una celada –a la que se prestó un líder sindical “charro” al que sus agremiados deberían considerar seriamente desconocer, pues está al servicio de sus estultos patrones- a dos mujeres que participaron en la toma de las instalaciones centrales de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), el régimen “cuatrotero” se les echó encima con la clara intención de mandar un mensaje de escarmiento a toda la burocracia estatal
La Fiscalía General del Estado imputó a Norma Midia “N” y Yelitza Lindali “N” como presuntas responsables del delito de “sedición en agravio de la seguridad del estado”, por haber tomado de manera pacífica las instalaciones de Sesver en protesta por abusos y violaciones de tipo laboral, ampliamente referidas.
El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz establece en su artículo 309 que por el delito de sedición “se impondrán de seis meses a seis años de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para:
I. Impedir el libre ejercicio de sus funciones;
II. Evitar el cumplimiento de la ley;
III. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen, o impedir la integración de éstas o su libre ejercicio;
IV. Separar o impedir el desempeño de su cargo a algún servidor público, estatal o municipal.
La Fiscalía al servicio de un titular del Ejecutivo limitado y autoritario pretende aplicar a las mujeres aprehendidas estos supuestos con base en lo que farfulló García Jiménez en su conferencia de prensa de este miércoles: la toma de las instalaciones supuestamente “interrumpió” un “embarque de vacunas”. Lo cual es falso, pues no se obstaculizó ninguna actividad sustantiva y mucho menos médica de la dependencia durante las protestas.
Pero suponiendo que así hubiese sucedido, Norma Midia y Yelitza no fueron las únicas personas que participaron en las protestas. Por alguna razón, Cuitláhuac García y su fiscal Verónica Hernández Giadáns decidieron ensañarse solo con dos mujeres –lo que dice mucho de ambos-, violando además sus derechos constitucionales.
El artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad”.
Lo que en realidad persigue el gobierno de García Jiménez es el disenso, el derecho a protestar por los abusos de autoridad y la exhibición de las miserias de un gobierno sin pies ni cabeza y altamente corrupto y autoritario.
Ya lo había intentado antes con la aberración jurídica que supuso el delito de ultrajes a la autoridad, con el que metió a la cárcel a más de mil veracruzanos en menos de un año, muchos de ellos precisamente por protestar.
Por lo visto la “sedición” será la nueva arma con la que Cuitláhuac García buscará contener la protesta social. Y en especial la de los burócratas, que su única manera de hacerse escuchar cuando son violentados es ejerciendo presión en sus propios centros de trabajo.
Si en años pasados gobiernos anteriores hubiesen aplicado este mismo criterio, miles de maestros habrían ido a parar a la cárcel por bloquear vías de comunicación y edificios públicos cuando las manifestaciones contra la “reforma educativa” del gobierno de Enrique Peña Nieto, otro de los mitos fundacionales de la dizque “cuarta transformación”. Entre ellos, el propio Cuitláhuac García, en ese entonces consumado “protestante” de la causa que fuere.
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez se parece más a Javier Duarte de Ochoa.
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