Juan Luis Parra
La justicia en México ya no existe. Hay sentencias, sí, pero dictadas desde el poder. Lo que queda del Poder Judicial es una escenografía hueca: ministros dóciles, jueces en permanente campaña y un discurso oficial que disfraza la captura institucional como democracia.
El Estado de Derecho fue reemplazado por la voluntad de un solo partido. Y ahora, ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo.
La llamada reforma judicial lo jodió todo. El gobierno se quedó con todo. Controla el Congreso, maneja los órganos reguladores y ahora impone a los jueces. México es el único país del mundo donde todos los integrantes del Poder Judicial serán elegidos por voto popular.
No es una innovación. Es un experimento autoritario. ¿Qué clase de justicia puede esperarse cuando el juez necesita ganar elecciones? ¿Qué independencia tendrá frente al poder que controla los recursos, los medios, la narrativa y seguramente al INE dentro de poco?
Los inversionistas extranjeros ya lo vieron. El 1 de noviembre, los CEOs de Apple, GM, FedEx, JPMorgan y otros gigantes agrupados en la Business Roundtable advirtieron que la politización del sistema judicial mexicano es un riesgo para el T-MEC. Acusaron al gobierno de violar acuerdos internacionales, de aplicar impuestos retroactivos y de obstaculizar sectores clave como energía, telecomunicaciones, paquetería y aviación para favorecer a monopolios estatales y aliados políticos.
¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Ninguna. Porque ya no tienen que responder.
Y aquí entra el caso Salinas. No como mártir, sino como ejemplo perfecto de cómo opera este nuevo sistema. Grupo Salinas tiene años litigando adeudos fiscales. Cifras enormes. Multimillonarias. El SAT quiere cobrar doble. El grupo asegura que pagará lo justo. Lo cierto es que los juicios llevan más de una década congelados. Pero ahora, de la nada, la Corte los revive, los agenda con urgencia, y niega cualquier aplazamiento. ¿Coincidencia? No. Es castigo.
Porque Salinas criticó a la presidente. Porque no se alineó. Porque usó sus medios para cuestionar al poder. Entonces se acabó la paciencia judicial. El mensaje es claro: si te enfrentas al régimen, te caerá el sistema encima. ¿Es culpable? Quizá. ¿Tiene derecho a un proceso justo y a plazos razonables como cualquier otro ciudadano o empresa? Sin duda. Pero eso ya no importa. Lo que importa es el precedente. Si le hacen esto a uno de los empresarios más poderosos del país, ¿qué le pueden hacer a cualquier otro?
Y eso es lo que están advirtiendo desde fuera. El problema no es Salinas, ni siquiera los impuestos. El problema es que la ley ya no opera como ley, sino como arma. El SAT actúa como policía política. La CFE y Pemex son premiadas con protecciones absurdas mientras a las privadas se les exige lo imposible. No hay reglas, hay órdenes.
La reforma judicial eliminó el último freno. Jueces y ministros dependen del favor del pueblo… y del partido que gobierna todo. El árbitro ya no es neutral. Es parte del juego. Por eso los CEOs estadounidenses piden revivir los mecanismos del viejo TLCAN. Quieren volver a tener árbitros independientes fuera del país. Porque aquí, ya no hay.
Pero el ciudadano común sigue creyendo que esto es un pleito entre ricos. Celebra que le cobren a Salinas, que desmantelen empresas “abusivas”. No ve que el verdadero abuso es que ya no hay defensa posible si el gobierno decide perseguirte. Hoy es una empresa grande. Mañana puede ser tu negocio. Hoy es un medio incómodo. Mañana, tu cuenta de banco congelada por una auditoría absurda.
La legalidad ya no te protege, solo te amenaza.
El gobierno no está combatiendo la corrupción. Está centralizando el castigo. Está moldeando la justicia a su imagen y semejanza. Y mientras muchos aplauden porque “por fin pagan los de arriba”, se olvidan de que cuando se rompen las reglas, nadie está a salvo.
Esto no es justicia popular. Es poder absoluto disfrazado de justicia. Y cuando ese poder decide que le estorbas, no importa cuánta razón tengas. Vas a perder.
