Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El primer año de gobierno de Rocío Nahle en Veracruz terminó como empezó: con simulación, violencia y una opaca y muy posiblemente corrupta administración de los recursos. El discurso de “orden” y “transformación” quedó reducido a mera y pobre propaganda, mientras la realidad golpea a los veracruzanos con hechos que desmienten cada palabra oficial cotidianamente.
La violencia en Veracruz no disminuyó. Los homicidios, feminicidios y desapariciones continúan marcando la vida cotidiana, mientras el gobierno insiste en maquillar cifras y responsabilizar a otros, hasta a los de casa. La estrategia de seguridad es inexistente: se limita a la presencia militarizada, a reuniones mañaneras y a boletines que hablan de “coordinación”, pero que no se traducen en resultados tangibles. El primer año del sexenio de Rocío Nahle cerró con un estado donde la inseguridad es la norma y la impunidad la regla.
Y para muestra, el primer fin de semana de 2026 fue escenario de una masacre en un rancho de Sayula de Alemán, al sur de la entidad, donde el domingo aparecieron cuatro personas decapitadas. Durante ese mismo fin de semana, 14 personas fueron asesinadas en diferentes puntos del estado.
La violencia sin control no fue lo único que “dio la nota” en la entidad en estos días. Especial atención mereció el creciente acoso judicial contra periodistas. En lugar de garantizar la libertad de expresión, el régimen ha recurrido a la intimidación legal y a la presión institucional para silenciar voces que por distintas razones le resultan incómodas. El caso del reportero de nota policiaca de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, acusado burda y absurdamente de “terrorismo” por la recientemente “renovada” Fiscalía General del Estado –cuya nueva titular Lisbeth Aurelia Jiménez así se “estrenó”- es un claro ejemplo de lo anterior.
El “pecado” de reportero fue obtener información para cubrir primicias de su fuente –necesariamente ligadas a hechos delictivos-, que exhiben la incapacidad gubernamental en ese rubro. El mensaje fue claro: quien cuestione la narrativa oficial y ponga a la vista de todos la cruda realidad de Veracruz, podrá ser perseguido. Este patrón reproduce lo peor de los gobiernos autoritarios, donde la prensa se convierte en blanco de hostigamiento si no se apega al guion que pretende imponerle el gobierno.
Fue tan ridícula la acusación por “terrorismo” –en el mismo tenor de cuando el gobierno de Javier Duarte se la imputó en 2011 a la fallecida Maruchi Bravo y a otro tuitero- y tan inoportuna –en función del delicado contexto de la relación con Estados Unidos-, que la presidenta Claudia Sheinbaum le dio un “coscorrón” a las autoridades veracruzanas, que raudas y veloces desaparecieron ese delito de la causa penal. Pero como no iban a dejar irse limpio al reportero, lo vincularon a proceso por otros dos delitos menores –relacionados con su actividad periodística- y lo sacaron de circulación con prisión preventiva domiciliaria durante un año. Finalmente, lo silenciaron.
Pero quizás el episodio más revelador de la mala administración del gobierno de Rocío Nahle fue la crisis del bono de fin de año para el personal de Salud. Aunque la gobernadora insiste en que los recursos “ahí están”, la realidad es que miles de trabajadores quedaron sin recibir una prestación histórica.
El retraso –que tiene con un pie en la calle al anodino secretario de Salud Valentín Herrera- no fue un simple error administrativo: es la consecuencia de una gestión marcada por la opacidad, la corrupción y el desvío de recursos. Si el dinero “ahí está”, como dice la gobernadora, ¿cuál es el problema para dispersarlo?
¿O será que en realidad ese dinero “ya no está”, porque “alguien” mucho muy cercano a la mandataria hizo tremendo negocio para canjearlo por vales de despensa, como en tienda de raya?
El arranque del segundo año no muestra señales de un cambio de rumbo. La violencia sigue, el acoso a periodistas no se ve que vaya a detenerse y la crisis financiera y operativa se profundiza. El “affaire” del bono de Salud es apenas un síntoma de un problema mayor: la falta de capacidad para gobernar con transparencia y eficacia. La narrativa oficial insiste en que todo marcha bien, pero la realidad es que Veracruz inicia 2026 con trabajadores en protesta, ciudadanos inseguros y un gobierno que se aferra a la propaganda mientras la corrupción y la mala administración son evidentes.
La pregunta es cuánto tiempo más podrán sostener un discurso vacío frente a una realidad que los ha rebasado en más de una ocasión.
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