Jorge Miguel Ramírez Pérez
No cabe duda a que todo le llega su tiempo y así como López Obrador ha analizado que la corrupción en México ha sido un sistema no solo tolerado desde arriba, sino dirigido desde el cargo mas alto del país, lo que ha convertido a todo el aparato burocrático en un centro de maniobras para que se despojen a los mexicanos de sus recursos públicos, toca a su vez una revisión a fondo, del reparto del dinero para los estados, no solo para que sea mas transparente sino también menos inequitativo.
El gobernador Corral al señalar que Chihuahua recibe menos de la mitad de lo que envía a la Federación vía impuestos, a la vez propugna porque se lleve a cabo una Convención Nacional Hacendaria, para dirimir entre senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, especialistas del tema fiscal y autoridades hacendarias centrales el tema de las finanzas y su distribución. La última fue en el 2004.
Algo se logró en el 2004 pero no mucho de manera institucional, porque el tema de las participaciones no tiene para donde hacerse. En lo que se refiere a las aportaciones, de hecho, se retrocedió y los fondos de educación y salud están en manos del gobierno central actualmente, no sin razón, dicho sea de paso, por el mal uso que hicieron los gobernadores del peñismo de esos dineros.
En el 2004 como puede resultar en estas fechas, lleva la de ganar el gobierno central que convoca garantizando que los votos de las resoluciones sumen de antemano más para ellos, que para los intereses estatales; de lo que resulta una gran simulación.
Porque además no debía existir la tal Convención, si hubiera Senado en México, es decir si el senado mexicano asumiera su papel primigenio y hoy olvidado, el ser una cámara revisora que detuviera leyes que atentaran contra las finanzas públicas estatales; eso, si en verdad se entendiera que esa cámara tiene como única razón de existir: la de velar de manera puntual, por los intereses de los estados de la Federación….
Pero no, el senado en la actualidad es una segunda cámara de diputados y un vehículo para partidizar las decisiones para integrar a los mal llamados poderes autónomos. Y es irremediable este hecho, porque a los que son senadores poco o nada parece importarles el mundo de las finanzas estatales y han comprado el desdichado discurso, de que los estados no recaudan y dependen de la recaudación central…
Una media verdad la de arriba, que omite informar que es el gobierno central el que tiene acaparado todos los ingresos verdaderamente importantes: el IVA que se los quitó a los estados, el impuesto sobre la renta y el IEPS, donde viene lo de las gasolinas, cigarros, etc. A los estados les dejan solamente lo ridículo, al estilo de Santana: cargarle impuestos a las ventanas. Porque el predial lo tienen los municipios y aún así en diciembre no tienen para pagar los aguinaldos.
Pero creo que aún si los estados les dieran los acuerdos más dinero, de todas maneras los gobernadores, su gran mayoría los iban a hacer perdidizos, porque les sobran compromisos con sus bolsillos, con sus partidos y con los proyectos de ocurrencia.
Y me parece que lo que urge no es nada más analizar el daño proverbial, sino en el caso de los que tienen autoridad, hacer lo posible por detener el mal y de una buena vez, arrostrar el problema y resolver ese cáncer viejo, que solo no se va a quitar.
Y es que la definición entre federalismo y centralismo se debe resolver ya. Tenemos todo lo que lleva México de independiente y no ha logrado precisar este asunto toral. Cuando la Constitución decide ser federalista, las mecánicas son centralistas. Y cuando se quiso el modelo central, en realidad se dieron procesos descentralizadores extremos. En esas perdió México a Texas.
Así que hay que buscar las definiciones que para mi gusto están en las competencias.
Ya hay que decidir que instancia va hacer qué y con qué. Sin revolturas churriguerescas que enreden las responsabilidades. Porque todos quieren ejercer, pero casi nadie quiere responsabilidades sin retorno, firmes y plenas.
Este asunto es muy estratégico y debe discutirse a fondo, si es necesario que la Convención Nacional Hacendaria se reúna, más allá de sacar más recursos para algunos estados; y lo que se persiga es una nueva redistribución de competencias, se estará yendo a la raíz del problema, no por las ramas de los jaloneos políticos que solo retardan lo que de todas maneras hay que resolver a fondo.
