Por Aurelio Contreras Moreno
Desde su imposición como encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue evidente que una de las tareas asignadas a Verónica Hernández Giadáns era la de “maquillar” las cifras de la delincuencia y la violencia en la entidad.
Como por arte de magia, apenas llegó a ese organismo, los índices delictivos en el estado “bajaron”. O por lo menos, así lo quiso hacer ver en el discurso el propio gobierno estatal, porque la realidad es muy diferente y es palpable todos los días, tanto en los medios de comunicación como en las propias calles veracruzanas.
Pero para efectos propagandísticos –la materia favorita de los regímenes surgidos de la autodenominada “cuarta transformación”-, la manipulación de las cifras de los delitos le ha servido a gobiernos como el de Cuitláhuac García Jiménez para intentar –solo intentar- cubrir sus lastimeros resultados en el rubro de la seguridad pública.
Particular interés ha mostrado la administración de García Jiménez por cambiar radicalmente la manera de contabilizar la violencia ejercida contra las mujeres –cuando lo que debería hacer es combatir el fenómeno-, que en 2019 colocó a Veracruz como la entidad con el mayor número de feminicidios del país, con un total de 157 de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La coyuntura local y ahora la nacional, en la que las protestas de asociaciones feministas y de defensa de derechos humanos han puesto en evidencia –y en jaque- no solo la incapacidad sino la indolencia, insensibilidad y falta de interés de la “4T” para atender la violencia contra las mujeres, generaron reacciones desesperadas y declaraciones francamente ridículas, desprovistas de la seriedad que debiese asumir quien lleva las riendas –o eso se supone- de un estado como Veracruz.
A través de sus redes sociales oficiales –en las que ilegalmente sigue bloqueando ciudadanos-, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que en el mes de enero “se disminuyó 70 por ciento el feminicidio”.
Si estas cifras fueran reales y las comparáramos con las de 2019, estaríamos hablando de una verdadera proeza de un gobernante que, en lugar de estar siendo “zopiloteado” para sacarlo del cargo, como actualmente sucede, tendría que recibir un reconocimiento nacional y hasta ser llamado a desempeñar responsabilidades mayores. Si fueran reales.
Pero lo que ha hecho la “autónoma” Fiscalía veracruzana simplemente es reclasificar de facto los asesinatos de mujeres y, en lugar de iniciar las carpetas de investigación por el delito de feminicidio cuando se cumple con alguna de las características contempladas en los protocolos y en el Código Penal del Estado, las tipifica de arranque como homicidios. Y así, ¡pum!, los datos varían y los feminicidios “bajan”. Es más, prácticamente “desaparecen”.
Empero, en Veracruz las mujeres siguen siendo asesinadas impunemente. De acuerdo con el Colectivo Cihuatlahtolli, asentado en la región de Orizaba, desde el mes de enero han sido asesinadas 30 mujeres en diferentes puntos de la entidad, lo que significa una muerta cada tercer día.
Si esa tendencia se mantiene, al final del año serán aproximadamente 300 las mujeres privadas de la vida en el estado. El doble de las registradas como víctimas de la violencia de género el año pasado. ¿A eso se le puede considerar una “disminución” gracias a los “resultados” de una Fiscalía maniatada, a cuya titular el gobernador trae de “dama de compañía” en bailes y cortes de listones?
Y encima se quejan de que las mujeres protesten.
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