Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La “nueva era” del país comenzó con una ceremonia de purificación. Bastones de mando “consagrados” en una zona arqueológica –en las que está prohibido celebrar actos políticos-, ministros de la Suprema Corte investidos como si fueran jefes de comunidad, y una narrativa que mezcla lo indígena, lo mesiánico y lo autoritario, junto con la farsa, el montaje folklórico y la simulación.
Es un simbolismo que no es para nada casual: el régimen que a partir de hoy controla los tres poderes de la Unión busca legitimarse no por la ley, a la cual desprecia e ignora cuando no le es favorable, sino por el mito.
La toma del Poder Judicial por parte del oficialismo marca el cierre de un ciclo de concentración institucional que comenzó en 2018. Con el Legislativo subordinado desde el primer día, y el Ejecutivo convertido en púlpito de propaganda, el último dique -la Suprema Corte- ha sido derribado. Lo que sigue es el control de los medios. Y no lo ocultan.
La entrega de bastones de mando a los ministros de la Corte no fue un gesto de respeto a los pueblos originarios. Fue una escenificación. El bastón, en su contexto tradicional, representa autoridad conferida por la comunidad. Pero aquí fue entregado por representantes afines al régimen, en una ceremonia privada, sin consulta ni reconocimiento plural. El mensaje fue claro: el nuevo Poder Judicial se somete al mandato político, no al mandato constitucional.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, no pronunció una sola palabra sobre independencia judicial. En cambio, habló de “justicia popular”, “reparación histórica” y, en una traición del subconsciente, de “designación”. El lenguaje es revelador: se abandona el marco legal para abrazar el dogma. La Corte deja de ser árbitro para convertirse en instrumento. Y para mayor desazón, usa una ceremonia pseudorreligiosa para reforzar una narrativa demagógica en un Poder que se supone laico.
La reforma judicial fue aprobada por el Congreso en tiempo récord y gracias a un senador cobarde, corrupto y traidor a sus votantes y al país como Miguel Ángel Yunes Márquez, hoy reducido a ser una sombra grisácea. Se ignoraron las advertencias de juristas, académicos y organismos internacionales y se “eligieron” ministros, magistrados y jueces bajo reglas diseñadas por y para favorecer los intereses del partido en el poder. En los hechos, se trató de una captura institucional disfrazada, apenas y torpemente, de democracia.
El Congreso, lejos de ser contrapeso, se ha convertido en oficialía de partes del Ejecutivo. Las iniciativas se aprueban por consigna, los debates se reducen a monólogos y la oposición es tratada como traición. La “nueva era” no tolera disenso: lo combate, lo ridiculiza, lo criminaliza. Está a punto de perseguirlo judicialmente.
La presidencia de Claudia Sheinbaum, por su parte, ha mantenido el estilo de su antecesor: conferencias matutinas para hacer propaganda, descalificaciones sistemáticas y una narrativa de polarización, mientras exige “unidad” ante los embates del gobierno de Estados Unidos, que la tiene arrinconada con las evidencias de la corrupción y colusión criminal de varios integrantes del morenato.
A todo esto se ha añadido recientemente la intención manifiesta de controlar a los medios de comunicación. La embestida instrumentalizada a través del acoso judicial de los últimos meses está a punto de tomar otro nivel con un Poder Judicial sometido, al que claramente han instruido –baste ver las declaraciones al respecto de Beatriz Gutiérrez Müller o las de Lenia Batres- para perseguir y sancionar a medios y periodistas –e incluso a ciudadanos de a pie- que no se alineen con la versión oficial, bajo el pretexto de “combatir la desinformación”, “proteger al pueblo de las mentiras” y “democratizar la comunicación”. Pero se trata de pura y dura censura.
Con los tres poderes totalmente alineados a partir de este 1 de septiembre, el régimen tiene vía libre para rediseñar el país a su imagen y semejanza y restaurar, no sin ironía, en su totalidad las prácticas de control más autoritarias de lo que ellos mismos llaman el “viejo régimen”, del cual varios de los integrantes de la mal llamada “cuarta transformación”, mamaron.
La “nueva era” no es una etapa de renovación democrática. Es una fase de consolidación autoritaria. El bastón de mando, la toga judicial y el micrófono presidencial se han convertido en símbolos de poder absoluto. Y la historia nos ha enseñado que los regímenes que se presentan como redentores suelen terminar como opresores.
Lo que está en juego, sin más, es la libertad. Y varios lo entenderán demasiado tarde.
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