José Luis Parra
Al SAT le dio por hacer patria… o tal vez negocios. No está claro. Lo que sí se sabe es que de un día para otro suspendió a Valero México de su padrón de importadores. La empresa, principal jugador privado en el abasto de combustibles en el país, amaneció el 9 de abril con las puertas cerradas para seguir metiendo gasolina. La razón: un error administrativo. El SAT —ese titán de la eficiencia— juraba que su permiso estaba vencido, aunque el papelito dice que sigue vigente hasta 2038.
Y mientras en Valero se rascan la cabeza y preparan explicaciones para el SAT, el gobierno federal aprovecha el apagón para enviar un mensaje, de esos que no se escriben pero se entienden: “Aquí mandamos nosotros, y si les gusta bien… y si no, también”.
No es menor el golpe. Valero abastece el 10 por ciento de la demanda nacional de gasolina. En un país con refinerías que apenas respiran y con Pemex en terapia intensiva, cortar esa vena implica algo más que una “suspensión temporal”. Pega en la distribución, en el bolsillo del consumidor, y sí, también en la recaudación, esa de la que el SAT presume vivir.
La empresa norteamericana, en su comunicado, se muestra obediente, incluso servil. Subraya que colabora “plenamente” con las autoridades, que se sumó a la estrategia del gobierno para estabilizar precios y que no vende gasolina por encima de los 24 pesos por litro. En resumen: no se pelea, pero tampoco se arrodilla.
El problema es que en esta administración la desconfianza es combustible de alto octanaje. Y si te llamas Valero, traes pasaporte extranjero y mueves petróleo, peor tantito. Estás en la mira.
Y es que este episodio no se puede leer como un hecho aislado. Se da justo cuando arrecian las tensiones con empresarios nacionales y extranjeros, cuando el discurso presidencial se enreda cada vez más en un nacionalismo disfrazado de soberanía energética. ¿Será que a Valero le tocó pagar los platos rotos de una cena que no pidió?
En este ambiente enrarecido —donde los inversionistas ya huelen a fuga y los capitales vuelan más rápido que las palabras—, la suspensión a Valero es otro clavo en la cruz del Estado de Derecho. Porque una cosa es aplicar la ley, y otra muy distinta usarla como garrote.
Por lo pronto, el gobierno ya enseñó los dientes. Y los privados tomarán nota. En la nueva lógica oficial, ni ser estratégico ni cumplir con la ley garantiza nada. Todo depende del humor del SAT… y del que le dicta línea.
El resto, como diría Valero, se atenderá “puntualmente”.
