Acorralado debe sentirse el gobernador Javier Duarte de Ochoa ante la inevitable realidad: el déficit público de la entidad es de tal magnitud, que su administración está obligada a reestructurar sus pasivos, su deuda, para no naufragar en el último tramo del sexenio.
Sólo que dicha reestructuración implica, invariablemente, la obtención de recursos que permitan pagar los adeudos. Y una de las formas para conseguir ese dinero, es la contratación de nuevos créditos.
De ahí la manifiesta molestia de Duarte de Ochoa ante la declaración del senador José Francisco Yunes Zorrilla, quien a pregunta expresa de un reportero sobre lo que había que hacer con la deuda del estado, respondió lo que es evidente: que había que reestructurarla. Y que en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado hacía lo que a él corresponde, que es gestionar acuerdos con las dependencias federales para que tales recursos puedan llegar a Veracruz.
La furibunda “aclaración” de Duarte de Ochoa de este lunes, en el sentido de que una reestructura de la deuda del estado es potestad del Ejecutivo y no de un legislador federal, es cierta en su parte formal, legal. El que debe tomar la decisión es el gobierno. Pero lo que no dice el gobernador es que fue ésa, precisamente, la razón de su encuentro con José Yunes de hace poco más de una semana en el rancho de la familia del senador.
El encuentro Yunes-Duarte no fue para “limar asperezas”, como falazmente filtró el gobernador a sus textoservidores, sino para hablar de una especie de “rescate” para el estado de Veracruz, que se hunde financieramente de manera inexorable, aunque la autoridad quiera tapar el sol con un dedo con peroratas de disciplina, orden y transparencia que no ha practicado jamás.
Pero al parecer que se lo hicieran notar públicamente caló hondo como para haber provocado esa airada respuesta de parte de Javier Duarte, quien además se aferra a sus cifras de deuda, que según él no rebasan los 45 mil millones de pesos, que es el monto que ha reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, en un espléndido análisis sobre la deuda pública del estado de Veracruz, incluyendo a los tres poderes, a los órganos autónomos y a los organismos públicos descentralizados, el economista Hilario Barcelata señala de manera contundente que la deuda total de la entidad es de al menos 72 mil 933 millones de pesos.
Y eso, estima Barcelata, sin considerar “pasivos laborales, pasivos de pensiones, laudos laborales, cuentas de orden, préstamos quirografarios, garantías de pago oportuno y los pagos por contratos para la prestación de servicios, que si bien la ley no considera deuda, sí son montos que obligatoriamente debe pagar el gobierno año con año por la prestación de ciertos servicios, lo que los convierte en un pasivo en la práctica presupuestal”.
Hilario Barcelata incluso menciona que ya ha habido antes, durante este mismo sexenio, una reestructuración de la deuda estatal con la contratación de tres créditos por un monto de nueve mil 600 millones de pesos.
De ese tamaño es el boquete de las finanzas públicas que a Javier Duarte no le gusta que le destapen, aunque el barco de Veracruz se vaya a pique.
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