Por Aurelio Contreras Moreno
A su arribo al poder gracias al “efecto AMLO”, nadie esperaba demasiado de un gobierno encabezado por quien, hasta poco antes, había sido un gris diputado federal de Morena que, de igual manera, había ganado su elección como legislador de la mano del impulso creciente que el movimiento lopezobradorista registraba a partir de que se le otorgó el registro como partido político en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el primer gesto de Cuitláhuac García Jiménez luego de rendir protesta como gobernador de Veracruz hizo pensar que, por lo menos, tendría la intención de hacer algo por la entidad en una de las materias en las que más se había lastimado a la población en los últimos años: sus derechos humanos.
Así, el primer acto de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual el entonces nuevo mandatario estatal asumió varios compromisos, como la dotación de mayores recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
También se comprometió ese día a la creación de un instituto forense y de procesamiento de restos humanos y de una Policía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como a la puesta en marcha de un programa estatal integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas.
Su prometedor arranque pronto quedó borrado por la inmediata liberación de los principales ex funcionarios del duartismo presos, acusados de peculado, desvíos de recursos, violaciones graves de derechos humanos e incluso de crímenes de lesa humanidad.
Uno a uno fueron obteniendo su libertad mediante argucias legaloides que dejaron ver la existencia de un aparente pacto del lopezobradorismo con el duartismo para sacar del poder en Veracruz a la familia Yunes, que cometió el garrafal error político de buscar heredarse entre sí la gubernatura.
Después de eso, todo se le vino abajo, en cascada, a García Jiménez. Las diferentes “tribus” de Morena que controlan la verdadera toma de decisiones en su administración arrinconaron a un gobernador carente de gallardía y personalidad, sumiso a los dictados del “jefe máximo” de la autoproclamada “cuarta transformación”. Y quizás precisamente por esa “lealtad ciega”, sostenido en el cargo a pesar de que no ata ni desata.
Rodeado de rufianes sin trayectoria ni sensibilidad política –pero rebosantes de ambición-, Cuitláhuac García se ha quedado impávido mirando hacer de las suyas a quienes apenas llegando a sus cargos comenzaron a hacer negocios, como aquella millonaria primera compra por asignación directa de material médico a la empresa de Carlos Lomelí, oscuro personaje quien en ese momento fungía como “superdelegado” del gobierno federal en Jalisco.
¿Y la honestidad y transparencia? Para el discurso engañabobos está bien. Y así pasaron dos años.
Veinticuatro meses después, el régimen que encabeza formalmente Cuitláhuac García Jiménez es un verdadero circo, donde los payasos creen que se pueden saltar la legalidad como si nada y en el que la fuerza política real recae en el secretario de Gobierno Eric Cisneros, ya sea por omisión o resignación del triste personaje por el que votó una mayoría de veracruzanos en 2018.
Ese vacío de poder tiene a Veracruz debatiéndose entre la violencia, la indolencia y la incompetencia. Y de los desaparecidos –así como de las mujeres, de las víctimas de la inseguridad, de los estudiantes, de los indígenas y un largo etcétera- ni quién se acuerde ya.
Lo que le falta por cumplir
En su enésimo informe después del informe para su “celebración” personal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo le faltan por cumplir tres de las cien promesas que hizo el día que tomó posesión del cargo en medio de una faraónica ceremonia pública.
¿Serán acaso aquellas de “no robar”, “no mentir” y “no traicionar”?
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