Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández es tan escandaloso, que ha escalado hasta la misma Presidencia de la República ante la ola de indignación que ha provocado en el ámbito jurídico del país por lo que, a todas luces, es un brutal abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Claro. Con el pequeño detalle de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió por enésima ocasión en defensa de las arbitrariedades que comente su “bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado con su propia estrategia a nivel federal, tiene como objetivo desbaratar la independencia judicial para someter a jueces, magistrados y ministros, como muy claramente sucede en la entidad que García Jiménez malgobierna.
En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez ha sido detenida de manera irregular, por no decir que francamente ilegal. La primera, tras acatar el amparo concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese beneficio de la justicia federal gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la integración de la carpeta de investigación-, y durante la cual fue evidente que se trataba de una revancha, pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra.
Por ello, los policías estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta sembrar droga.
En la segunda, fue detenida bajo argumentos absurdos, por delitos que ni siquiera ameritan prisión preventiva y por una autoridad que no tenía vela en el entierro, como la Guardia Nacional, que en lugar de perseguir criminales verdaderamente peligrosos –pretexto con el cual fue creada y militarizada-, se ensaña con una mujer que ya es casi adulta mayor.
El mensaje del “escarmiento” a la jueza Sánchez Hernández está dirigido a todos los impartidores de justicia: cuidadito y se creen eso de que “la ley es la ley” y que existe la independencia judicial. Y en Veracruz, literalmente, así se los mandaron a decir.
Un día después de la detención de Angélica Sánchez, al menos 124 jueces de control de los 21 distritos judiciales del estado de Veracruz fueron citados a una reunión en una finca de Coatepec –propiedad de José Alberto Pérez Fuentes, ex candidato del obradorista PES a la alcaldía de Xalapa-, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La misma que le reclamó a la jueza adscrita a Cosamaloapan que no le hubiese consultado si podía acatar el amparo que provocó este maremágnum.
Asistentes a la reunión aseguran que recibieron un mensaje amenazante de parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien de acuerdo con esto les habría dicho que lo que le pasó a Angélica Sánchez les podría suceder a ellos también, y que en adelante primero debían consultar con la presidenta del TSJE si podían acatar los amparos otorgados por la justicia federal.
Lo que esto representa, sin ambages, es el quebranto total del Estado de Derecho. Si un juez tiene que pedir permiso para hacer su trabajo, no hay impartición de justicia que valga. Y si encima se desacatan flagrantemente las decisiones del Poder Judicial federal, estamos ante un escenario de franco, primitivo y bananero autoritarismo que afecta a todos los ciudadanos, pues quedamos en estado de indefensión ante cualquier abuso que le dé la gana cometer a las autoridades.
No habrá más ley que la suya. La que les brote de los intestinos.
Solidaridad con Claudia
Sin cortapisas ni mezquindades, mi solidaridad con la compañera Claudia Guerrero, quien sufre directamente los embates revanchistas de Cuitláhuac García y su fiscal Verónica Hernández Giadáns.
Como se mencionó en este mismo espacio en la entrega del lunes, si se deja pasar un ataque a un periodista desde el poder, los siguientes seremos todos los demás. No hay que olvidar el sexenio de Javier Duarte. Fuera los autoritarios.
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