Por Aurelio Contreras Moreno
Agobiados y de alguna manera distraídos por los efectos de la pandemia de la covid-19, se ha llegado a perder de vista que la violencia no cesa y, por el contrario, va a la alza en todo el territorio nacional. Veracruz, por supuesto, no es la excepción.
El artero asesinato la mañana de este lunes de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de una universidad privada de la capital veracruzana, provocó una enorme indignación que sacó de su marasmo pandémico a la comunidad de la ciudad e incluso a la de este estado, cuyo gobierno está más ocupado por hacer jugosos negocios con la obra pública –porque los “ahorros” del “combate a la corrupción” son enviados íntegros al Altiplano- que por atender la más relevante de sus responsabilidades, que es preservar la seguridad de los gobernados.
Muestra de que no hay cabeza que dirija a la entidad fue la reacción de las autoridades estatales, insensibles a la tragedia que azota por varios frentes a la población, ensimismadas y encerradas en una frágil burbuja desde la que sostienen construcciones de la realidad que nadie les cree.
Habían pasado unas tres horas del brutal asesinato de la rectora cuando al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos –que es quien da las órdenes en Veracruz, pues el titular formal del Ejecutivo es, literalmente, un cero a la izquierda- se le ocurrió publicar en sus redes sociales que “con el apoyo de fuerzas armadas, el @GobiernoVer que encabeza @CuitlahuacGJ está disminuyendo los índices delictivos en la entidad”.
Tal absurdo –que además representa un escupitajo en la cara de las víctimas y sus familiares- cae por su propio peso. Tan solo este fin de semana, de acuerdo con reportes periodísticos, fueron asesinadas otras cinco mujeres en territorio veracruzano. Y solo por hablar de mujeres. Porque los homicidios se multiplican a lo largo de la entidad indistintamente del género de las personas victimadas.
Así lo indican las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen que entre enero y mayo del nefasto 2020 se han abierto 863 carpetas de investigación por homicidios en el estado de Veracruz.
Se trata no de especulaciones, sino de los números oficiales proporcionados al Sistema Nacional de Seguridad Pública por el propio gobierno veracruzano, que como sabemos comenzó a “maquillar” las cifras de la violencia desde que tomó por asalto la Fiscalía General del Estado el pasado mes de septiembre de 2019. ¿Cuáles serán los números reales de la violencia en Veracruz? Solo ellos los conocen. La opacidad es la norma. Como también lo es evadir sus responsabilidades.
Lo que no es un secreto es que Veracruz se sostiene con alfileres mientras soporta el gigantesco lastre de la improvisación, la indolencia, la ambición y una burda y sostenida corrupción de los que juraban ser “diferentes” a sus antecesores.
Y ahora hasta alianzas electorales van a hacer con ellos.
Cierre de negocios
El anuncio del cierre de negocios que por varias razones se volvieron emblemáticos de la capital veracruzana, así como particularmente entrañables para muchos de sus habitantes, duele indudablemente. No solo por las experiencias, emociones y vivencias compartidas, sino por lo que representan en cuanto a la pérdida de fuentes de trabajo que a ninguna autoridad le importó un carajo ayudar a conservar.
Para Ernesto Aguilar Yarmuch y José Rangel, mi aprecio y solidaridad en tiempos oscuros.
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