Por Aurelio Contreras Moreno
Una de las apuestas más fuertes del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez es la que tiene que ver con el tema de las víctimas del delito, que incluye a las que han sido afectadas por desapariciones forzadas.
No hay que olvidar que su primer acto como Gobernador de Veracruz la madrugada del pasado 1 de diciembre de 2018 fue emitir una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, a través de la cual asumió varios compromisos.
Entre éstos, se encuentran la dotación de mayores recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Asimismo, se anunció la creación de un Instituto Forense y de Procesamiento de Restos Humanos y de la Policía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la puesta en marcha de un programa estatal integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas y la conversión de la Dirección General de Desarrollo Político en Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos.
Como resulta evidente, para cumplir con lo anterior era necesario reflejar en el ámbito presupuestal las necesidades que implica este entramado institucional, lo cual había quedado en suspenso luego de que en el mismo mes de diciembre el Ejecutivo estatal solicitó al Congreso local una prórroga de 90 días para hacerle adecuaciones al Presupuesto de Egresos, por lo cual se estaba operando con el del año anterior.
Este lunes, la Secretaría de Finanzas y Planeación entregó al Congreso del Estado el ajuste al Presupuesto de Egresos 2019. Y el rubro que destaca por el aumento de recursos que recibirá es precisamente el de Atención a Víctimas del Delito, que pasará de cinco millones de pesos que recibió en 2018 a 95 millones que se le destinarán en el presente ejercicio fiscal.
Sin embargo, aunque en términos porcentuales el aumento es bastante significativo -mil 500 por ciento-, en recursos brutos no parece que sea suficiente para atender un problema tan complejo como el que vive Veracruz en materia de víctimas. Incluso, pareciera que hay otras prioridades.
Por ejemplo, solamente el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) contará con 100 millones 47 mil 567 pesos. La comparación se hace no porque la promoción del deporte no sea importante o necesaria, sino porque la atención a víctimas del delito y la violencia forma parte de un fenómeno que ha azotado sin piedad al estado, a pesar de lo cual los recursos que se le destinan son menores.
No vaya siendo que le den más importancia a las escuelas de béisbol que tanto interesan al Presidente de la República, que a la tragedia que día a día se sigue sufriendo en Veracruz.
Héctor Yunes, de licencia
Ha causado revuelo en los corrillos políticos la confirmación de la solicitud de licencia como diputado federal que este martes presentará el ex candidato del PRI a Gobernador de Veracruz, Héctor Yunes Landa.
La versión de su supuesta integración a labores de gobierno en el estado ha generado toda suerte de especulaciones sobre una pretendida alianza con la administración morenista, que de concretarse podría incidir en la correlación de fuerzas en la entidad, luego del fiasco del juicio político al fiscal Jorge Winckler en el Congreso local.
Habrá que observar hacia dónde se encamina este movimiento.
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