Para Contar
Arturo Zárate Vite
Desde esta semana hasta el 1 agosto la promoción en tiempos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), en radio y televisión, de la consulta popular para saber si se toman las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento sobre la actuación de actores políticos del pasado.
Menos de dos meses de promoción obligada, por ley, tendrán que llevar a cabo medios electrónicos. Pareciera muy poco si se compara con los millones de spots utilizados por los partidos para dar a conocer a sus candidatos en las recientes elecciones federales y locales.
Además, la pregunta de la consulta del 1 de agosto es tan larga y ambigua que ocuparía más de la mitad de los 30 segundos que dura el spot, si se decidiera incluirla para que la gente empezara a digerirla. No es recomendable meterla en medio minuto, salvo que se quisiera desperdiciar el tiempo. Complicado entenderla en ese lapso.
Por escrito, hay que leerla más de una vez para saber de qué se trata:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Otra cosa sería si la pregunta fuera directa, como se había planteado en un principio: ¿estás de acuerdo en que se enjuicie a presidentes del pasado que le fallaron a México?
Sirva de lección y ojalá que para las siguientes consultas se procure la pregunta directa, sin desatender el cumplimiento de la normatividad.
Por lo pronto, el INE tendrá que hacer su máximo esfuerzo para conseguir que la consulta popular tenga éxito.
Es sabido que no le autorizaron un peso adicional o extraordinario para realizarla, pero tampoco debe de ser excusa perfecta para justificar que se vaya a pique el ejercicio.
Acaba de organizar las elecciones del seis de julio y es unánime el reconocimiento a su trabajo, para el INE y, los ciudadanos y ciudadanas que se desempeñaron, gratis, como funcionarios y funcionarias de casilla.
Llama la atención que no haya tomado la decisión de volver a instalar las más de 160 mil casillas y en su lugar, para la consulta, solo tenga programado menos de la tercera parte, alrededor de 50 mil.
La participación de la sociedad en las casillas es admirable, tiene ganado el reconocimiento. Está demostrado que a la gente le gusta cumplir con esa tarea. Lo hizo en la pasada elección y es probable que actuaría con la misma actitud en la consulta. Sin embargo, ya el instituto decidió la reducción significativa de casillas en el país.
Para que la consulta valga o se vinculatoria para que otras instancias cumplan el mandato popular, la versión es que al menos debe participar el 40 % del listado nominal. Alrededor de 37 millones de ciudadanos y ciudadanas. En la elección del seis de julio acudieron a votar más de 48 millones, con todas las casillas instaladas.
Es obvio que la consulta popular no tiene el plan ideal planteado originalmente por el INE, pero con una promoción inteligente por parte de los organizadores, se podría despertar el interés de millones de mexicanos. Lo peor es condenarla por anticipado al naufragio.
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