Joel Hernández Santiago
Advertimos aquí mismo, hace semanas que la crisis económica que ya se vive en México mostró sus indicios graves a principios de este año cuando el INEGI nos dio a conocer el resultado de sus investigaciones sobre el Producto Interno Bruto. Nos anunció que 2019 había sido un año crítico, más que en muchos años, pues el PIB había decrecido a -0.1%…
Es decir: decreció la economía; no se produjo y, por lo mismo había pocos recursos y por tanto la macro como la microeconomía estaban a punto de turrón. Que es el inicio de una gran crisis que perjudicaría cualquier plan de desarrollo y de igualdad social porque la pobreza se ahondaría aún más para millones de mexicanos al grito de guerra.
Junto a esto, surgieron aquellas calificadoras internacionales, que advirtieron el estado crítico de la economía mexicana a los inversionistas internacionales. Y aunque el gobierno las descalificó, lo cierto es que quienes tienen forma de invertir en México comenzaron a echarse para atrás…
Ya en 2020, tanto Fitch, desde Londres, como Moody’s en Estados Unidos, y Standard & Poors la más importante en índices bursátiles e inversión, fueron degradando de forma progresiva la calificación de la economía mexicana y, en particular de Pemex, de tal modo que los inversionistas internacionales tendrían que pensarlo seriamente –dijeron- antes de invertir en México. Lamentable, porque esto hacía mucho daño a una economía de por sí dañada.
De pronto apareció en el panorama brumoso la pandemia de Covid 19, que ha causado estragos en la salud de miles de mexicanos, en la vida de muchos ellos; en los servicios de salud pública y en las garantías de seguridad individual y colectiva.
Y advertíamos, asimismo, que esta crisis de salud, junto con la económica, traería como consecuencia graves problemas de comportamiento social. Que por la recesión habría falta de ingresos, de empleo y de abastos, y que esto podría derivar en conflictos sociales: Inseguridad pública, confrontaciones y posible violencia…
Consideramos que debían colocarse luces de advertencia en los cuerpos de seguridad pública, para prepararlos, capacitarlos, crearles estrategias de operación y derechos humanos, tales que garanticen estabilidad, vidas, patrimonios, salud social, la armonía y la sana convivencia… Todo listo para que, de ocurrir situaciones extremas, hubiera soluciones en ley.
Ya desde marzo de este año advertíamos cómo grupos de ciudadanos tomaron por asalto a almacenes y grandes tiendas de abasto. Ocurrieron saqueos de mercancías, no todas de consumo básico. Así pasó, sobre todo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México. Y pasó en otros estados del país. Luego se controló la situación…
Pero no se contaba con que la inconformidad tiene distintas formas de presentación; muchas de ellas justas, como la de la semana pasada cuando grupos de ciudadanos salieron en Guadalajara, Jalisco, para protestar por la muerte de Giovanni López Ramírez, quien fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Fue golpeado y detenido por la policía municipal. Luego apareció muerto. Si. Este hecho merece justicia.
La manifestación pacífica del 4 de mayo se transformó en un verdadero aquelarre. Los manifestantes originales tuvieron que hacerse a un lado a la llegada de grupos de golpe que incendiaron patrullas, rompieron la puerta del Palacio de Gobierno, prendieron fuego a un policía. Naturalmente esto era una provocación. El tema se vuelve político. Y confrontó al gobernador Alfaro con el presidente López Obrador…
Pero también ocurrió al día siguiente en la Ciudad de México. En el marco de las protestas por la muerte en Estados Unidos de George Floyd y en Jalisco la de Giovanni López. Igualmente, grupos de golpe, enmascarados, dañaron tiendas, casas, fachadas, y en particular se cebaron con la embajada de Estados Unidos y luego con la Casa Jalisco, en Polanco, CdMx.
En el caso de Guadalajara, la policía actuó a como pudo, pero fue incapaz de contener la situación; en el caso de la Ciudad de México durante horas la policía estuvo ausente. Era cosa de no intervenir dentro de su política de “No caeremos en provocaciones”.
Sin embargo no se trataba de reprimir. No. Pero sí es obligación de la autoridad de seguridad pública cuidar la seguridad de los ciudadanos que se manifestaban en paz así como de los transeúntes, además de los bienes de gente que no tiene nada que ver en el asunto. Nada. Ausencia total de la seguridad pública. Más tarde aparecieron por ahí… pero mucho ya había ocurrido.
Y esto está mal: La seguridad pública debe operar en todo momento. Bajo toda circunstancia. Y, sobre todo, que vienen días difíciles en los que las cosas pueden encresparse. Urge, sí, que estén preparados para garantizar la seguridad de todos, que se aplique la ley en su sentido exacto y los derechos humanos de todos…Sin excesos. Que sean eso: la seguridad de todos. Que notemos su presencia y su protección…: No su ausencia, como ya se apreció apenas.
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