José Alberto Sánchez Nava
1.-En el México futurista de la década de 2030, un panorama distópico nos ubica ante las reformas constitucionales que han transformado radicalmente el sistema de justicia. La elección de jueces federales, quienes deciden sobre los juicios de amparo en defensa de los derechos humanos, ahora se realiza mediante el voto directo de la ciudadanía. Este cambio, a primera vista democrático, ha generado efectos negativos devastadores sobre la impartición de justicia, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad.
2.-Un ejemplo reciente y doloroso ilustra las consecuencias de esta reforma. En las costas de Guerrero, un menor enfermó gravemente de dengue hemorrágico. La proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad se ha intensificado debido a la eliminación de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, que regulaba la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmitidas por vectores, lo que ocasionó que en México se desatendieran medidas preventivas frente el mosquito Aedes aegypti, el cual se multiplicó sin control convirtiendo las costas mexicanas en un caldo de cultivo que agudiza las epidemias. Este acto de abandono normativo, que viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución y tratados internacionales, ha dejado a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.
3.-Los padres del menor, desesperados ante la falta de atención médica adecuada en la clínica de salud pública de su comunidad, decidieron interponer un Juicio de amparo en contra del programa oficial de salud del gobierno federal. Este recurso legal, basado en los artículos 1° y 4° de la Constitución, buscaba proteger el derecho a la salud del menor ante la falta de estudios clínicos medicamentos, un banco de sangre etc. Sin embargo, el juez de Distrito que recibió el caso, era solo uno de los 423 jueces de distrito que habían sido electos en el año 2025 bajo el nuevo sistema de voto popular, lo cual lo enfrentó un dilema insuperable, puesto que la elección de jueces federales mediante el voto ha llevado a la politización de la justicia.
Estos jueces, propuestos por grupos con intereses políticos y económicos y a su vez aceptados por votantes con intereses económicos, familiares, partidistas, delincuenciales etc., no poseen la independencia necesaria para actuar con imparcialidad. La falta de una carrera judicial rigurosa sustentada en méritos ha resultado en la designación de jueces con experiencia limitada y una comprensión insuficiente de principios fundamentales, como el control de convencionalidad y el principio de progresividad en sus determinaciones respecto a la protección de los derechos humanos ante la falta de atención médica por parte del gobierno federal.
4.-Fue por esa razón, que en el caso del menor de Guerrero, el juez decidió no otorgar la suspensión provisional que hubiese ordenado a la Presidenta de la República como autoridad jerárquica del Secretario de Salud, quien su vez es autoridad jerárquica del Director de la clínica hospitalaria con adscripción en Guerrero, todos ellos con el carácter autoridades responsables, las dos primeras como ordenadoras y la última como ejecutora, para que dentro de un término no mayor a 24 horas se llevara a cabo la atención médica inmediata del menor so pena de separar de su cargo a la autoridad ejecutora (Director de la clínica). Sin embargo el juez de distrito negó la suspensión del acto reclamado por el menor, ante el temor de contravenir los intereses políticos afines a la política oficial de austeridad republicana representada por el partido en el poder que tras bambalinas lo había llevado al cargo. La falta de autonomía judicial se tradujo en una decisión que priorizó la estabilidad política y la conservación de su cargo como juez, por encima de la vida de un niño. Fue por esa razón que antes de que los padres pudieran recurrir en queja, ante un tribunal colegiado para combatir el actuar del juez, el menor falleció víctima no solo del dengue hemorrágico, sino también de un sistema de justicia debilitado.
5.-Este escenario bajo el contexto en una trágica historia, pone de relieve los peligros de elegir jueces federales como si fueran políticos. La popularidad y el respaldo partidista con camuflaje, así como por otros grupos de interés se han convertido en factores determinantes para la elección de impartidores de justicia eclipsando la capacidad de interpretar y aplicar la Constitución con rigor y autonomía. La justicia, en este contexto, se encuentra en un estado de crisis incapaz de proteger a quienes más lo necesitan, en rubros como la protección del medio ambiente frente a la destrucción de ecosistemas en comunidades indígenas por motivo de grandes obras, la vulneración en derechos esenciales como el agua, la seguridad, la salud, la libertad, las multas excesivas, el abuso policiaco, la ingobernabilidad en zonas donde la delincuencia organizada se constituye como recaudador del derecho de piso sometiendo a trabajadores, comerciantes, prestadores de servicios en colusión con el gobierno, etc. Y es que después de la selección por voto popular, a los jueces les retumba en su mente aquello de que “si el pueblo te puso el pueblo te quita” y por tanto no existe seguridad en la permanencia ni de tu cargo ni de aspirar a una magistratura, pues la voz del pueblo se encuentra en manos de políticos de banqueta.
6.-La reflexión es clara: la elección de jueces mediante el voto popular vulnera y debilita a la integridad del sistema judicial en México. La falta de independencia y experiencia judicial, combinada con la influencia política, crea un entorno en el que los derechos humanos de los ciudadanos están en riesgo constante. Es imperativo reconsiderar estas reformas y buscar un equilibrio que garantice la justicia y la protección de los derechos fundamentales, sin comprometer la imparcialidad y la capacidad técnica de los jueces.
En un país donde la justicia debe ser el pilar de la democracia, es esencial que los jueces sean seleccionados por su mérito, integridad y capacidad para defender la Constitución, libres de presiones políticas y populares. Solo así se podrá asegurar que casos como el del menor de Guerrero no se repitan, y que la justicia en México pueda verdaderamente servir a su pueblo, especialmente a los más vulnerables.
7.-La narrativa que hemos presenciado en Guerrero es solo un ejemplo entre muchos que se podrían presentar en un sistema judicial donde la elección de jueces se basa más en la popularidad que en la capacidad y la integridad. La justicia, que debería ser un baluarte imparcial y protector de los derechos de los ciudadanos, se ve comprometida por intereses partidistas y presiones políticas.
La eliminación de 33 normas en materia de atención y prevención de enfermedades diversas, entre ellas la que combate al mosquito como vector transmisor del dengue en México, como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, y sus trágicas consecuencias, no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema más profundo que se agudizará con jueces a modo del gobierno por ser jueces elegidos por un supuesto voto popular de un pueblo bueno que no razonará frente a la esencia de los derechos humanos, y por tanto sus decisiones pueden estar influenciadas por la necesidad de mantener su puesto a través del favor político y la aprobación pública, en lugar de seguir los principios constitucionales y el derecho internacional.
Este fenómeno plantea serias preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la función de los jueces en una democracia. ¿Cómo podemos esperar que los jueces tomen decisiones justas e imparciales cuando su posición depende del apoyo de los mismos actores políticos a quienes podrían tener que juzgar? ¿Qué pasa con la protección de los derechos de los más vulnerables cuando los jueces pueden sentirse presionados para actuar en interés de los poderosos?
La respuesta a estos interrogantes debe comenzar con una reevaluación de las reformas que llevaron a la elección popular de los jueces. Necesitamos un sistema que priorice la independencia judicial y asegure que los jueces sean seleccionados por su competencia, ética y dedicación a la justicia. Esto implica reforzar los procesos de selección y capacitación de jueces, garantizando que aquellos que ocupen estos puestos críticos tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para cumplir con su deber de manera efectiva.
8.-En conclusión, la elección popular de jueces federales ha demostrado ser un experimento fallido que pone en riesgo la justicia y los derechos humanos en México. La independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad fundamental para cualquier democracia que se precie de ser justa y equitativa. Debemos trabajar para revertir estas reformas y construir un sistema judicial que esté verdaderamente al servicio del pueblo, libre de influencias políticas y comprometidas con la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Lo distópico de la tragedia de Guerrero debe servir como un llamado a la acción. No podemos permitir que la justicia en México se convierta en un juego de intereses políticos. Debemos restaurar la integridad y la independencia de nuestro sistema judicial, asegurando que aquellos que son llamados a juzgar lo hagan con la más alta dedicación a la justicia y los derechos humanos. Solo así podremos construir un futuro donde la justicia sea verdaderamente ciega, imparcial y protectora de todos, sin importar su posición social o política. México, 2030.
